Cordillera de Palabras | Un comerciante de Paucarpata me contó el año pasado que pagaba cupo. No de la manera espectacular que podría creerse. Fue un crédito con DNI que le ofreció un conocido que también sacó así un dinero de emergencia.
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Luego de pagado puntual el crédito, le obligaron con amabilidad a tomar otro por un monto superior. Quiso resistirse, pero lo amenazaron amablemente que su negocio quedaría sin protección ante un robo.
“Igual me robaron”, pero fueron palomillas, no fueron gruesos”. Quiso denunciar, no pasó nada. Siguió pagando hasta que dejaron de ir a cobrarle. O se olvidaron de su deuda o los que lo hacían están muertos, fugados o desactivados como banda.
Su historia no es excepcional. Las denuncias por extorsión en Arequipa alcanzaron en 2025 una tasa de 29.7 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que representa un incremento de ocho veces respecto a 2020. Hasta abril de 2026 la tasa llegó a 32.6 denuncias por cada 100 mil habitantes.
Los homicidios siguieron el mismo camino: en 2025 Arequipa registró una tasa de 78.7 denuncias por cada 100 mil habitantes, cuatro veces más que la reportada cinco años atrás. Y mientras los números subían, el presupuesto destinado a programas de seguridad ciudadana y lucha contra las economías ilegales cayó un 31% respecto a 2019, según el Instituto Peruano de Economía.
Más dinero al crimen, menos dinero al Estado para combatirlo. Esa es la ecuación que Keiko Fujimori hereda cuando asuma la presidencia.
Una herencia marcada por el crimen y los desafíos en seguridad
El problema no empieza ni termina en Arequipa. A nivel nacional, los casos de extorsión aumentaron un 478% entre 2019 y 2024, pasando de 3,872 a 22,400 denuncias. En 2025 el Sistema Nacional de Defunciones reportó 1,684 homicidios, un promedio de 6.4 asesinatos diarios.
Lima concentra los números más altos, pero mientras Lima dispone de 385 soles al año por habitante en seguridad pública, regiones como La Libertad y Piura apenas alcanzan 82 y 85 soles respectivamente, que son precisamente las regiones con mayor concentración de crimen organizado fuera de la capital.
Ahí está el primer reto real de Fujimori: romper la lógica limeñocéntrica del presupuesto de seguridad. No se combate el crimen organizado desde Lima si el crimen organizado opera en Arequipa, La Libertad, Piura y Puno con recursos diez veces menores por habitante que los disponibles en la capital.
El segundo reto es legislativo y más incómodo, porque implica que la presidenta electa deshaga lo que su propio partido ayudó a construir. La Ley 32108, promulgada en agosto de 2024 e impulsada por Perú Libre con respaldo de Fuerza Popular entre otros, cambió la definición de “organización criminal” exigiendo que el grupo tenga una “estructura compleja y permanente” con control de la cadena de valor de un mercado ilegal.
Con ello, muchas bandas delictivas que antes eran perseguidas bajo esa figura quedaron fuera del marco penal.bEn términos simples: la ley hizo más difícil probar que una banda es una banda.
La Ley 32181 eliminó la posibilidad de detención preliminar en casos no flagrantes, incluso en investigaciones complejas.
La Ley 31751 redujo los plazos máximos para investigar delitos, afectando procesos por corrupción y crimen organizado que requieren años de peritajes y análisis financieros. Tres leyes, tres retrocesos. Las tres con votos de Fuerza Popular en el Congreso.
La oportunidad de corregir el rumbo
Fujimori tiene ahora la posibilidad de corregir eso desde el Ejecutivo, impulsando la derogatoria o modificación de estas normas con un Congreso donde su partido tiene presencia. Si lo hace, manda una señal clara de que la seguridad no es retórica de campaña. Si no lo hace, el comerciante de Paucarpata recibirá de nuevo un crédito amable que lo coaccione.
El tercer reto es el más estructural y el menos glamoroso: la reforma del sistema penitenciario y la cadena de justicia completa. Expertos en seguridad cuestionan que las detenciones no siempre se traduzcan en sentencias efectivas ni en reducción sostenida del delito.
La alta reincidencia y el hacinamiento penitenciario continúan siendo dos de los principales problemas del sistema de justicia peruano. Detener más delincuentes sin reformar las cárceles es llenar un balde con el desagüe abierto.
La presidenta electa tiene ante sí una herencia que nadie quería recibir. Lo que haga con ella en los primeros cien días dirá más sobre su gobierno que cualquier discurso de toma de mando.
