El Gobierno de Bolivia analiza la posibilidad de aplicar un estado de excepción para enfrentar la ola de protestas y bloqueos de carreteras que mantienen paralizado al país desde el pasado 1 de mayo.
El Gobierno de Bolivia evalúa la implementación de un estado de excepción ante la crisis social y los bloqueos de rutas que han causado diez fallecimientos y pérdidas económicas superiores a los 1.900 millones de dólares. El presidente Rodrigo Paz presentó un proyecto de ley al Legislativo para regular esta medida constitucional mientras sectores campesinos y obreros exigen su renuncia desde inicios de mayo. La paralización de vías ha generado un desabastecimiento crítico de insumos básicos, alimentos y suministros médicos en las principales ciudades del país. Ante este escenario, las fuerzas de seguridad han iniciado operativos para liberar puntos estratégicos mientras el Ejecutivo denuncia presunta financiación ilícita en las movilizaciones.
- Las protestas y el cierre de rutas en siete departamentos han provocado una crisis humanitaria por la falta de oxígeno medicinal y atención médica oportuna.
- El presidente Rodrigo Paz sostiene que el estado de excepción busca establecer un marco legal para la intervención de las Fuerzas Armadas con fines humanitarios.
- Sectores empresariales reportan perjuicios económicos que sobrepasan los 1.900 millones de dólares tras semanas de paralización nacional.
- El Gobierno denunció la existencia de recursos provenientes del narcotráfico y una supuesta intervención extranjera detrás de las movilizaciones ciudadanas.
- Puntos estratégicos de conexión vial, como el puente Parotani, han sido recuperados recientemente por efectivos policiales y militares.
El presidente Rodrigo Paz remitió al Legislativo un proyecto de ley que regula esta medida constitucional, mientras el número de fallecidos vinculados al conflicto ascendió a diez.
Paz aseguró que la norma busca establecer un marco legal claro para eventuales acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, insistiendo en que cualquier intervención tendría un carácter humanitario.
No obstante, reiteró su disposición al diálogo con los sectores movilizados y convocó a las organizaciones campesinas a buscar una salida negociada al conflicto.
Crisis humanitaria por los bloqueos
Las protestas, impulsadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales, exigen la renuncia de Rodrigo Paz y han provocado el cierre de rutas en siete de los nueve departamentos del país.
La situación ha generado graves problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto. Según estimaciones empresariales, las pérdidas económicas ya superan los 1.900 millones de dólares.
Entre las víctimas más recientes figura una niña de 12 años que padecía cáncer y no logró llegar a la ciudad de La Paz para recibir quimioterapia debido a los bloqueos. La menor vivía en la localidad de Tambo Quemado, cerca de la frontera con Chile.
Su fallecimiento elevó a siete las muertes atribuidas a la falta de atención médica oportuna durante la crisis.
También se reportó la muerte de una paciente oncológica de 24 años durante su traslado a un centro especializado, así como la de un conductor de transporte pesado que permaneció más de un mes atrapado en un bloqueo carretero.
Otros casos incluyen pacientes con enfermedades renales, personas que requerían cirugías de emergencia y un menor que no pudo recibir atención especializada.
En medio de la crisis, Rodrigo Paz denunció que recursos procedentes de zonas vinculadas al narcotráfico estarían financiando algunas de las movilizaciones. El mandatario afirmó que se han detectado personas transportando dinero destinado a sostener las protestas y prometió librar una ofensiva contra las estructuras criminales que, según sostuvo, buscan desestabilizar al país.
Además, el Gobierno denunció una presunta intervención extranjera en las manifestaciones y anunció acciones para gestionar la salida del país de algunos ciudadanos extranjeros identificados en actividades relacionadas con las protestas.
Presión para restablecer el orden
Mientras continúan los intentos fallidos de diálogo promovidos por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y el Legislativo, diversos sectores exigen medidas más firmes para recuperar la circulación en las carreteras.
En los últimos días, fuerzas policiales y militares recuperaron el control de instalaciones estratégicas y lograron reabrir algunos puntos bloqueados, entre ellos el puente Parotani, una vía clave para la conexión entre Cochabamba, Oruro y La Paz.
Analistas bolivianos advierten que la prolongación del conflicto podría derivar en enfrentamientos entre civiles debido al creciente malestar de productores, transportistas y ciudadanos afectados por los bloqueos. Entretanto, el país permanece a la espera de una solución política que permita restablecer la normalidad y evitar que la crisis continúe cobrando más vidas.
