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Arequipa: dictan 6 meses de prisión preventiva a mujer investigada por intentar ingresar droga al penal

Arequipa: dictan 6 meses de prisión preventiva a mujer investigada por intentar ingresar droga al penal
Arequipa: dictan 6 meses de prisión preventiva a mujer investigada por intentar ingresar droga al penal

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata consiguió que el Poder Judicial dicte seis meses de prisión preventiva contra Diana Ch., investigada por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser intervenida cuando intentaba ingresar una sustancia ilícita al penal de Socabaya durante una jornada de visitas.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata obtuvo seis meses de prisión preventiva contra Diana Ch., investigada por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en Arequipa. La imputada fue intervenida por personal del INPE cuando intentaba ingresar sustancias prohibidas al penal de Socabaya durante una jornada de visitas. Tras el hallazgo, la Fiscalía coordinó diligencias como la prueba de campo y el pesaje de la sustancia para esclarecer los hechos ocurridos el 4 de julio. El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento fiscal tras evaluar los elementos de convicción y el riesgo procesal presentados. De ser hallada responsable, la investigada podría enfrentar una sanción de hasta 17 años de pena privativa de libertad.

  • El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva para Diana Ch. por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.
  • La intervención ocurrió durante los controles de seguridad y revisión corporal obligatoria realizados por el INPE en el penal de Socabaya.
  • La fiscal adjunta Magaly Mendoza Yana sustentó el pedido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria basándose en los presupuestos legales establecidos.
  • La pena por este delito, dadas las circunstancias agravantes, podría alcanzar los 17 años de cárcel de comprobarse la responsabilidad.
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Según informó el Ministerio Público, la investigada afronta un proceso por un delito que, debido a las circunstancias agravantes del caso, podría ser sancionado con hasta 17 años de pena privativa de libertad, de comprobarse su responsabilidad.

Intervención se realizó durante controles de seguridad del INPE

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2026, cuando Diana Ch. acudió al penal de Socabaya en calidad de visitante.

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Durante los controles de seguridad efectuados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), específicamente en la revisión corporal obligatoria, el personal de seguridad detectó la presunta posesión de una sustancia ilícita, por lo que comunicó de inmediato el hallazgo a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias correspondientes.

Tras tomar conocimiento del caso, la fiscal provincial de turno de Paucarpata, Rosaluz Aguilar Ramírez, dispuso la ejecución de las actuaciones urgentes e indispensables para el esclarecimiento de los hechos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el personal del INPE.

Entre las diligencias realizadas se efectuaron la prueba de campo y el pesaje de la sustancia hallada, manteniéndose la investigación bajo la reserva prevista en el artículo 324 del Código Procesal Penal.

Fiscalía sustentó riesgo procesal y obtuvo prisión preventiva

Durante la audiencia judicial, la fiscal adjunta Magaly Mendoza Yana sustentó el pedido de prisión preventiva, argumentando la existencia de los presupuestos legales establecidos para imponer esta medida coercitiva.

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Luego de evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento y ordenó que la investigada cumpla seis meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El Ministerio Público reiteró que continuará investigando con objetividad los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, especialmente aquellos vinculados al ingreso de sustancias prohibidas a establecimientos penitenciarios, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana, el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario y el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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