La compañía Servicios Generales Galaga, encargada del traslado del material electoral en las elecciones generales 2026, respondió públicamente a las acusaciones de la ONPE y solicitó una rectificación por el impacto generado en su reputación.
La empresa Servicios Generales Galaga exigió una rectificación y disculpas públicas a la ONPE tras ser señalada como responsable de los retrasos en el transporte de material electoral para los comicios de 2026. La compañía argumentó que el servicio se ejecutó siguiendo los lineamientos de la entidad electoral y atribuyó los inconvenientes registrados a factores externos de coordinación logística. Asimismo, la firma informó que ha entregado la documentación pertinente a la Dirección Contra la Corrupción y al Ministerio Público para colaborar con las investigaciones. La ONPE había activado planes de contingencia en distritos del sur de Lima debido a la demora en la entrega, la cual afectó la apertura de 13 centros de votación. Galaga cuenta con un historial de contratos estatales por aproximadamente S/36 millones y registró sanciones previas de la autoridad electoral por S/64,000.
- Servicios Generales Galaga solicita una rectificación a la ONPE alegando que el cumplimiento del contrato dependió de la planificación y condiciones de la entidad.
- Los retrasos en la distribución obligaron a la habilitación excepcional de 13 centros de votación y a la ejecución de planes de contingencia en el sur de Lima.
- La empresa entregó información contractual a la Dirección Contra la Corrupción y al Ministerio Público tras el inicio de las indagaciones.
- Se reportó que la compañía lanzó una convocatoria para 400 camiones solo una semana antes de los comicios y posee antecedentes de penalidades ante el organismo electoral.
Galaga rechaza responsabilidad exclusiva y pide disculpas públicas
Luego de que 13 centros de votación tuvieran que habilitarse de manera excepcional el lunes 13 de abril, debido a retrasos en la entrega de materiales, la empresa emitió un pronunciamiento en el que aseguró haber cumplido con lo estipulado en el contrato.
En ese sentido, sostuvo que el servicio fue ejecutado siguiendo los lineamientos y cronogramas establecidos por la propia entidad electoral. La compañía explicó que la planificación y ejecución del transporte dependieron en todo momento de la coordinación y condiciones logísticas definidas por la ONPE.
Además, señaló que los inconvenientes registrados en la fase final no pueden atribuirse únicamente a su desempeño, sino a factores externos que, según indicaron, deben ser analizados de manera integral por la entidad contratante.
En esa línea, la empresa afirmó que rechaza cualquier intento de responsabilizarla de forma exclusiva por lo ocurrido, argumentando que se trató de un proceso complejo con múltiples actores involucrados.
Asimismo, indicaron que las declaraciones del jefe de la ONPE afectaron negativamente su imagen, ya que —según expresaron— no se habrían considerado todas las circunstancias antes de emitir dichos comentarios.
Por ello, la compañía pidió que se realicen las aclaraciones necesarias y que se ofrezcan disculpas públicas por los daños ocasionados a su reputación institucional.
A la vez, informó que ya entregó toda la documentación relacionada con el contrato a la Dirección Contra la Corrupción, en presencia del Ministerio Público, y reiteró que se encuentra colaborando con las investigaciones.
Historial contractual y cuestionamientos previos
Cabe recordar que la ONPE responsabilizó directamente a la empresa por los retrasos en la distribución del material electoral, lo que obligó a activar un plan de contingencia, especialmente en distritos del sur de Lima.
El organismo electoral señaló que el incumplimiento en el traslado del material obligó a tomar medidas urgentes para mitigar el impacto en el proceso.
De acuerdo con registros revisados, Servicios Generales Galaga ha acumulado contratos con el Estado por alrededor de S/36 millones, incluyendo acuerdos con la Municipalidad de Lima.
Además, ya había sido sancionada previamente por la ONPE con penalidades que ascienden a S/64.000. También se conoció que, apenas una semana antes de los comicios, la empresa lanzó una convocatoria para conseguir 400 camiones destinados a cubrir el servicio logístico requerido.
