Por: Sandra Bellido Urquizo
Tras la caída de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración asumirá el control político y administrativo de Venezuela para garantizar una transición que considera segura. El mandatario estadounidense detalló que se contempla el despliegue de tropas militares y la intervención de grandes corporaciones petroleras para reactivar la infraestructura del país. Según lo expresado por Trump, los costos de esta gestión serán financiados íntegramente con los recursos energéticos venezolanos para evitar gastos a Washington. Este escenario genera interrogantes sobre la soberanía futura de la nación sudamericana frente a una tutela extranjera motivada por intereses estratégicos.
- Donald Trump afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela de manera transitoria hasta consolidar un nuevo liderazgo.
- La estrategia incluye la inversión de compañías petroleras estadounidenses para reparar y operar la infraestructura energética deteriorada.
- El financiamiento de la intervención militar y política se cobrará directamente con los recursos naturales del Estado venezolano.
- Washington condiciona su apoyo a la seguridad regional y al control de activos estratégicos, diferenciando su postura frente a otros regímenes sin petróleo.
¿Y Ahora Qué?… Venezuela se libera de Maduro…El presidente de Estados Unidos, Donald Trump no dejó lugar a dudas. En una rueda de prensa ofrecida en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, aseguró que “el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”.
La frase, contundente y cargada de simbolismo, marca mucho más que una postura coyuntural frente a Venezuela: revela una visión de poder, hegemonía y control que remite a los capítulos más controvertidos de la política exterior estadounidense en Latinoamérica.
Es evidente que pocos, en su sano juicio, saldrían a defender a un régimen autoritario como el de Nicolás Maduro. La captura del mandatario venezolano y su eventual procesamiento por delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo genera, para muchos, una sensación de justicia largamente postergada.
Sin embargo, una cosa es celebrar el fin de una dictadura y otra muy distinta aceptar sin cuestionamientos la idea de que un país extranjero asuma el control político, militar y económico de otro.
Trump no solo celebró la caída de Maduro. Fue más allá. Afirmó que Estados Unidos tomará el control de Venezuela “hasta que pueda haber una transición segura y adecuada”, y fue explícito al señalar que EEUU “va a gobernar ese país” mientras se construye un nuevo liderazgo.
La pregunta inevitable es: ¿quién define qué es una transición “segura y adecuada”? ¿Y bajo qué parámetros democráticos se justifica que una potencia extranjera gobierne un Estado soberano?.
Las declaraciones se tornaron aún más delicadas cuando Trump aseguró que no le temen a desplegar tropas estadounidenses en territorio venezolano, si eso es necesario para que el país se gestione “correctamente”.
El lenguaje utilizado no es casual. Hablar de “gestionar” un país reduce a Venezuela a la categoría de territorio administrable, casi como si se tratara de una empresa en quiebra o de un activo estratégico más.
Venezuela: el petróleo como eje del discurso
El verdadero núcleo del discurso, sin embargo, aparece cuando Trump aborda el tema del petróleo. Según sus propias palabras, grandes compañías petroleras estadounidenses entrarían a Venezuela para invertir miles de millones de dólares, reparar la deteriorada infraestructura y volver a poner en marcha la producción.
Hasta allí, el argumento podría sonar pragmático: Venezuela necesita inversión, tecnología y capital. Pero el problema surge cuando Trump añade que administrar Venezuela “no le costará nada” a Estados Unidos, porque el dinero obtenido del petróleo será suficiente para compensar todos los gastos.
Dicho de manera simple y brutal: Trump pretende cobrarse la intervención con el petróleo venezolano. No se trata de ayuda desinteresada ni de un plan humanitario. Se trata de una operación donde los costos políticos, militares y económicos serían financiados con los recursos naturales de un país que, paradójicamente, se dice estar liberando.
Esta lógica explica por qué Estados Unidos interviene en Venezuela y no en Cuba. La respuesta, aunque incómoda, es clara: el petróleo es el verdadero motor del involucramiento estadounidense, mucho más que la democracia o los derechos humanos. Cuba no tiene petróleo ni riquezas estratégicas comparables.
Intervenir en la isla implicaría un enorme gasto sin un retorno económico tangible. En términos fríos, sería (desde la óptica de Washington), un negocio poco rentable.
La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de esta dinámica. Cuando hay recursos estratégicos de por medio, la defensa de la democracia suele volverse flexible, adaptable a los intereses del momento. Cuando no los hay, las dictaduras pueden sobrevivir décadas bajo condenas retóricas y sanciones simbólicas.
El riesgo para Venezuela es evidente. Una transición tutelada por una potencia extranjera, financiada con petróleo y respaldada por presencia militar, corre el peligro de cambiar un autoritarismo interno por una dependencia externa. El desafío no es solo salir del chavismo, sino evitar que el país quede atrapado en una nueva forma de subordinación.
La historia demuestra, una y otra vez, que cuando los recursos mandan, la democracia suele llegar tarde. Y cuando finalmente llega, muchas veces lo hace condicionada, endeudada y limitada. Venezuela merece un futuro democrático, sí, pero uno construido por los venezolanos y no administrado como botín geopolítico en nombre del orden y la estabilidad.
