¿Y Ahora Qué? | Hace unos días, el Parlamento aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que asciende a S/ 266,506 millones, un incremento del 3,5 % respecto al presupuesto de 2026. Sin embargo, más allá de la cifra global, cabe preguntarse: ¿Cómo se distribuirán estos recursos y cuánto recibirá Arequipa?.
El Parlamento aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 por S/ 266,506 millones, un incremento del 3,5 % respecto a 2026. La distribución asigna el 62,1 % al Gobierno Nacional, el 22,1 % a los gobiernos regionales y el 15,8 % a los gobiernos locales. A Arequipa le corresponden S/ 3,096.7 millones para el Gobierno Regional, de los cuales solo S/ 702,28 millones financiarán 117 proyectos de inversión priorizados. El artículo señala que proyectos estratégicos como la represa Arapa-Ccota, el hospital Goyeneche, Majes Siguas II y el Megapuerto de las Américas-Corío no figuran en esa cartera. Asimismo, indica que el gobernador Rohel Sánchez culmina su mandato con compromisos pendientes, entre ellos 21 proyectos de Obras por Impuestos de los cuales solo tres se proyectan entregar antes de concluir su gestión.
- El presupuesto 2027 asciende a S/ 266,506 millones, con un incremento del 3,5 % respecto a 2026; el 62,1 % corresponde al Gobierno Nacional, el 22,1 % a los gobiernos regionales y el 15,8 % a los gobiernos locales.
- Educación recibe la mayor asignación sectorial con S/ 52,198 millones, seguida de Salud con S/ 32,208 millones y Transportes con S/ 26,014 millones.
- El Gobierno Regional de Arequipa tiene un presupuesto de S/ 3,096.7 millones, pero solo S/ 702,28 millones se destinan a 117 proyectos de inversión priorizados.
- Proyectos estratégicos para Arequipa como la represa Arapa-Ccota, el hospital Goyeneche, Majes Siguas II y el Megapuerto de las Américas-Corío no aparecen en la cartera de 117 proyectos.
- De los 21 proyectos de Obras por Impuestos anunciados por Rohel Sánchez, con una inversión aproximada de S/ 965 millones, solo tres se proyectan entregar antes de concluir su gestión.
Como ocurre cada año, el presupuesto se distribuirá entre los tres niveles de gobierno: el 62,1 % corresponderá al Gobierno Nacional, el 22,1 % a los gobiernos regionales y el 15,8 % a los gobiernos locales. Aunque llama la atención la menor participación porcentual de los gobiernos regionales.
Por sectores, Educación recibirá la mayor asignación, con S/ 52,198 millones, seguida de Salud, con S/ 32,208 millones; Transportes y transitabilidad, con S/ 26,014 millones; Seguridad Ciudadana y lucha contra el crimen, con S/ 15,338 millones; programas sociales, con S/ 12,493 millones; Justicia, con S/ 9,503 millones; Defensa Nacional, con S/ 8,993 millones, y atención frente al fenómeno de El Niño, con S/ 2,488 millones.
La ley también contempla medidas para los trabajadores del sector público. Entre ellas, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar incrementos remunerativos mensuales, desde 2027, para servidores de los regímenes 276, 728, CAS y Servicio Civil, además de guardaparques y personal penitenciario.
Asimismo, establece aguinaldos de hasta S/ 300 por Fiestas Patrias y Navidad, y una bonificación por escolaridad de hasta S/ 400.

¿Y Ahora Qué? El presupuesto de Arequipa y los proyectos pendientes
En cuanto a Arequipa, el presupuesto total asignado al Gobierno Regional asciende a S/ 3,096.7 millones. Sin embargo, de ese monto, solo S/ 702,28 millones estarán destinados a financiar 117 proyectos de inversión priorizados por la gestión regional.
Entre los considerados figuran el mejoramiento del Hospital Maritza Campos, en Cerro Colorado; la carretera Viscachani-Callalli, en Caylloma; la Variante de Uchumayo, en Arequipa; la transitabilidad en San Gregorio, en Camaná, y el mejoramiento del Hospital de Camaná.
No obstante, hay proyectos estratégicos para el desarrollo de Arequipa que no aparecen en esta cartera de 117 y que siguen esperando decisiones concretas del gobierno nacional.
Entre ellos están la represa Arapa-Ccota (ex Yanapuquio), el hospital Goyeneche, cuya ejecución aún requiere garantías, Majes Siguas II, que demanda una inversión de miles de millones de soles y actualmente está bajo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y el Megapuerto de las Américas- Corío.
El mayor porcentaje del presupuesto continuará en manos del Gobierno Nacional, que además registra un incremento respecto al año anterior. Pero tener recursos asignados no garantiza por sí solo el desarrollo: se necesitan proyectos viables, capacidad de gestión y resultados que puedan comprobarse.
Rohel Sánchez se va con compromisos pendientes
En ese escenario, el gobernador Rohel Sánchez se acerca al final de su mandato con una serie de compromisos pendientes.
De los 21 proyectos de Obras por Impuestos que anunció, con una inversión aproximada de S/ 965 millones, solo tres se proyectan para ser entregados antes de concluir su gestión: la Institución Educativa N.° 40220 Héroes del Cenepa, en Paucarpata, con una inversión de S/ 35,06 millones; la adquisición de 14 patrulleros para la Unidad de Emergencia, en Mariano Melgar, y la compra de otros 86 vehículos destinados a 58 comisarías de Arequipa.
En este último caso, la adquisición estuvo marcada por demoras y observaciones. Además, los patrulleros permanecieron alrededor de cinco meses almacenados a la intemperie y fueron entregados sin radios de comunicación, un equipamiento necesario para las labores policiales.
Cabe precisar que estas dos últimas intervenciones corresponden a adquisiciones de equipamiento policial y no a obras de infraestructura.
El próximo 6 de diciembre, los ciudadanos elegirán al reemplazo Sánchez. Alfredo Zegarra o Jenry Huisa asumirán el desafío de conducir una región que necesita recuperar el ritmo de inversión, destrabar proyectos y dejar atrás los anuncios sin resultados.
Sea quien sea el elegido, tendrá que demostrar con hechos que puede hacer una gestión distinta y responder a las demandas de la población.
El próximo gobernador debe recordar que la función principal de un gobierno regional es promover el desarrollo integral y sostenible de su jurisdicción, administrar responsablemente los recursos públicos y ejecutar políticas y proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Esa es la verdadera medida con la que debe evaluarse a una autoridad regional: no por lo que promete, sino por lo que logra concretar.
