¿Y Ahora Qué? | Otra vez con la misma cantaleta. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) ha anunciado una movilización nacional desde este 23 de noviembre exigiendo al gobierno una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), pero esta vez hasta diciembre de 2030.
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) anunció una movilización nacional desde el 23 de noviembre para exigir una nueva ampliación del REINFO hasta diciembre de 2030. El artículo recuerda que movilizaciones anteriores en el sur del país, especialmente en Arequipa, provocaron bloqueos de carreteras, paralización del transporte, desabastecimiento y pérdidas económicas. El REINFO nació en diciembre de 2016 como mecanismo temporal y acumula casi una década de prórrogas, con apenas 66 mineros formalizados en el último periodo de ampliación. El texto plantea que la informalidad permite evadir costos administrativos, ambientales y tributarios, y advierte sobre la presencia de minería ilegal asociada a otros delitos. La eventual ampliación deberá pasar por la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo.
- CONFEMIN convocó una movilización nacional desde el 23 de noviembre para pedir la ampliación del REINFO hasta diciembre de 2030.
- Movilizaciones previas en Arequipa causaron bloqueos, paralización del transporte, desabastecimiento y pérdidas económicas.
- El REINFO, creado en diciembre de 2016 como mecanismo temporal, acumula prórrogas aprobadas en 2019, 2021, 2024 y una extensión hasta diciembre de 2026.
- En el último periodo de ampliación solo 66 mineros culminaron su proceso de formalización.
- La eventual ampliación deberá pasar por la Cámara de Diputados, el Senado y la promulgación u observación del Poder Ejecutivo.
Esta amenaza no hace sino recordar los graves efectos que han tenido las anteriores movilizaciones mineras en el sur del país, especialmente en Arequipa, donde el bloqueo de carreteras ha provocado la paralización del transporte interprovincial y de carga, ocasionando el desabastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad, además de cuantiosas pérdidas económicas.
Diez años de prórrogas del REINFO
El REINFO nació durante el gobierno de Pedro Pablo Kuzcinsky en diciembre de 2016 como un mecanismo temporal para formalizar la pequeña minería y la minería artesanal, pero han pasado 10 años y seguimos con la misma cantaleta: movilizaciones, bloqueos, pérdidas económicas que obligan al gobierno de turno a acceder a los reclamos de los mineros, es decir, ampliar el periodo de vigencia del REINFO.
La primera ampliación del REINFO se aprobó en octubre de 2019, extendiendo su vigencia hasta diciembre de 2021. Posteriormente, en diciembre de ese año, se aprobó una segunda prórroga hasta fines de 2024.
Cuando nuevamente se acercaba su vencimiento, en 2024 se amplió hasta diciembre de 2025 y, finalmente, se concedió una nueva extensión hasta diciembre de 2026. Así, un mecanismo concebido como temporal acumula casi una década de prórrogas sin alcanzar los resultados esperados.
Durante el último periodo de ampliación, apenas 66 mineros lograron culminar su proceso de formalización, una cifra insignificante frente a los miles de trabajadores que desarrollan actividades extractivas en zonas como Secocha y Urasqui, en la provincia de Camaná.
¿A quién beneficia la informalidad minera?
Si bien es cierto que enfrentan dificultades administrativas, técnicas y económicas para formalizarse, cabe plantear una pregunta inevitable: ¿a quién beneficia realmente que estos mineros continúen en la informalidad y que el REINFO siga prorrogándose indefinidamente?
Permanecer en la informalidad les permite a estos mineros evadir los costos que implica cumplir con las exigencias administrativas, técnicas y ambientales, así como eludir sus obligaciones tributarias por la explotación y comercialización de los recursos naturales del país.
Es decir, deben asumir responsabilidades y obligaciones que, al parecer, no están dispuestos a aceptar; sin embargo, consideran que el Estado sí está obligado a atender sus exigencias, desde ampliar indefinidamente este registro administrativo hasta garantizarles servicios públicos como educación y salud.
El Congreso y el riesgo de una nueva ampliación hasta 2030
En primera instancia, la eventual ampliación del REINFO deberá pasar por la Cámara de Diputados, donde Juntos por el Perú y sus aliados políticos tendrían los votos necesarios para impulsar y aprobar la iniciativa.
De obtener luz verde, el proyecto pasará al Senado para su revisión y votación. Finalmente, corresponderá al Poder Ejecutivo promulgar la ley o, en su defecto, observarla dentro del plazo constitucional.
Si se aprueba la ampliación como lo proponen los mineros, ¿quién asegura que lograrán formalizarse hasta el 2030? Nadie y los hechos así lo demuestran. Los mineros informales seguirán extrayendo nuestros recursos, contaminando y destruyendo el medio ambiente y sin pagar un centavo al Estado.
Lamentablemente, en zonas donde se desarrolla la minería informal también operan organizaciones dedicadas a la minería ilegal, cuya presencia suele estar asociada a otras actividades delictivas, como la trata de personas, el sicariato, los asaltos y la explotación sexual, entre otros delitos que generan violencia e inseguridad.
Así como se exige a los inversionistas extranjeros cumplir rigurosamente las leyes que regulan la gran minería, el mismo criterio debe aplicarse a los empresarios y operadores nacionales.
Ninguno puede tener carta blanca para continuar desarrollando actividades al margen de la ley y causando daños al país tal como sucede en Pataz, en Madre de Dios, el mismo Arequipa y en tantas zonas que hoy han sido invadidas por los ilegales sobre todo en la Amazonía.
