¿Y Ahora Qué?| Más candidatos, menos ética. Cada vez que se acerca un proceso electoral en el Perú, en lugar de vivir una auténtica fiesta democrática, el país entra en una especie de pesadilla colectiva.
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Lo que debería ser un momento de reflexión, debate de ideas y renovación política, se convierte en un dolor de cabeza para el electorado. Y hoy, a puertas de las Elecciones 2026, la situación no solo preocupa: indigna.
La imagen más simbólica de este desorden es la gigantesca cédula electoral de 42 x 21 centímetros. Una papeleta que ha roto récords por su tamaño y que, lejos de ser motivo de orgullo, amenaza con convertirnos en el hazmerreír en países democráticos.
Un sistema político desbordado
No se trata solo de una anécdota gráfica: es el reflejo de un sistema político desbordado, fragmentado y sin filtros reales. Demasiados partidos, demasiados candidatos, demasiada improvisación.
De los 88 congresistas actuales, varios buscan la reelección para ocupar curules en el nuevo Parlamento Bicameral (Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino) tras la reforma aprobada por el Congreso.
El retorno a la bicameralidad, lejos de representar una mejora automática en la calidad legislativa, ha ampliado el apetito político. Más cargos, más listas, más competencia… pero no necesariamente más calidad.
El dato más alarmante es otro: alrededor de 485 candidatos inscritos para las Elecciones 2026 han registrado sentencias judiciales en sus antecedentes, según sus propias hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones.
De ese total, al menos 252 tienen sentencias penales vigentes por delitos que van desde corrupción hasta violencia familiar, hurto o estafa. ¿Cómo es posible que personas con ese historial pretendan representar a la ciudadanía? ¿Qué filtros aplicaron los partidos? ¿O es que simplemente no les importa?.
Y mientras tanto, vemos campañas donde algunos candidatos no dudan en utilizar a niños como herramienta propagandística, apelando a la imagen tierna y manipulable para ganar simpatías.
Otros, que ya ocuparon cargos públicos y no lograron una gestión exitosa (cuando no estuvieron marcados por la ineficiencia o el escándalo) hoy regresan con discursos reciclados, prometiendo el oro y el moro. Promesas que ya sabemos cómo terminan.
Crisis de seguridad y desgaste institucional
En paralelo, el país atraviesa una profunda crisis de seguridad. Mientras los ciudadanos trabajan, estudian y luchan por salir adelante, la delincuencia no da tregua. Si en diciembre muchos criminales parecían replegarse, hoy han salido con más violencia.
Robos a plena luz del día, asaltos grabados en video, ataques incluso en las inmediaciones de Palacio de Gobierno. La sensación es clara: el Estado ha perdido autoridad en la calle.
El presidente José Jerí, que al inicio de su gestión recibió el respaldo de un importante sector de la población (alrededor del 55% según diversas mediciones de opinión), no ha logrado consolidar la estabilidad prometida.
Por el contrario, la incertidumbre política se ha profundizado y la esperanza de muchos peruanos se ha diluido. Los plans de seguridad ciudadana no convencen, y la percepción de desgobierno crece.
Entonces, ¿Quién tiene la culpa de este desmadre electoral? En primer lugar, los partidos políticos que hoy vuelven a pedir nuestro voto. Son ellos quienes otorgan las candidaturas. Son ellos quienes deciden a quién colocan en las listas. Son ellos quienes han permitido que personas con cuestionamientos éticos y judiciales vuelvan a competir.
Pero también hay responsabilidad institucional. El sistema electoral peruano arrastra problemas estructurales desde hace años.
El Congreso modificó las reglas sobre reelección (que había sido prohibida en 2018 mediante referéndum), no corrigió la proliferación excesiva de partidos, aprobó el regreso a la bicameralidad sin simplificar el sistema y no elevó filtros éticos suficientemente rigurosos. El resultado es el que hoy vemos: una oferta electoral saturada y, en muchos casos, cuestionable.
La democracia no se destruye de un día para otro; se degrada lentamente cuando los estándares bajan y la ciudadanía se resigna. Si permitimos que cualquier partido postule a cualquiera, si normalizamos que candidatos con sentencias pretendan legislar, si aceptamos campañas sin propuestas reales, entonces no podemos sorprendernos cuando el Parlamento decepciona y el Ejecutivo tambalea.
Las Elecciones 2026 no deberían ser un espectáculo caótico ni una competencia de slogans vacíos. Deberían ser una oportunidad para corregir el rumbo. Pero eso exige algo más que quejas: exige memoria, exigencia y voto informado.
Porque al final, aunque muchos quieran lavarse las manos, el poder sigue estando en la cédula (por grande que sea). Y cada marca que hagamos en ella será también un reflejo de lo que estamos dispuestos a tolerar como país.
