¿Y Ahora Que? | Los devastadores terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela vuelven a recordarnos una realidad que los países ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico conocen demasiado bien: la naturaleza no avisa y, cuando golpea, deja al descubierto no solo la fuerza de un fenómeno geológico, sino también las debilidades de un Estado y de una sociedad que muchas veces prefieren postergar la prevención.
Los recientes terremotos en Venezuela evidencian la vulnerabilidad de las viviendas construidas sin supervisión técnica, una realidad compartida por el Perú. En Arequipa, el sismo de 2001 impulsó una mayor conciencia sobre la construcción formal, aunque la práctica de la autoconstrucción informal persiste como una amenaza latente. Especialistas advierten que Lima enfrenta riesgos alarmantes debido al crecimiento urbano desordenado y la proliferación de edificaciones en suelos inestables. La experiencia internacional sugiere que la planificación urbana y el cumplimiento de normas técnicas son determinantes para reducir la pérdida de vidas frente a fenómenos geológicos.
- La autoconstrucción sin asesoramiento profesional y con materiales de baja calidad representa un peligro crítico en zonas sísmicas.
- La ocupación de laderas, quebradas y zonas de alto riesgo expone a miles de familias a desastres evitables.
- Países como Japón y Chile demuestran que la inversión en infraestructura y fiscalización reduce significativamente las víctimas en sismos de gran magnitud.
- La capacidad de respuesta del Estado en servicios básicos y comunicaciones es vital durante las primeras horas tras una catástrofe.
Las imágenes de edificios colapsados, familias buscando entre los escombros y miles de personas que lo perdieron todo son un duro llamado de atención para el Perú.
Aunque ambos países tienen realidades distintas, existe un punto en común: la vulnerabilidad de miles de viviendas construidas sin supervisión técnica, sin estudios de suelo y al margen de las normas de seguridad.
En Arequipa, el terremoto del 23 de junio de 2001, de magnitud 8.4, marcó un antes y un después. La tragedia dejó decenas de fallecidos, miles de damnificados y enormes pérdidas materiales, pero también generó una mayor conciencia sobre la importancia de construir adecuadamente.
Desde entonces, muchas familias optan por levantar sus viviendas con asesoramiento profesional y los municipios, al menos en las edificaciones formales, exigen el cumplimiento de normas técnicas y licencias de construcción.
La autoconstrucción sigue siendo una amenaza
Sin embargo, esa realidad positiva convive con otra mucho más preocupante: la autoconstrucción. Miles de viviendas continúan levantándose poco a poco, conforme existe disponibilidad económica, sin planos, sin supervisión de ingenieros y, en muchos casos, utilizando materiales de baja calidad.
Es una práctica comprensible desde el punto de vista social, pues responde a la necesidad de contar con una vivienda propia, pero extremadamente peligrosa cuando se trata de un país altamente sísmico.
El problema adquiere dimensiones mucho más alarmantes en Lima. Diversos especialistas han advertido durante años que la capital no está preparada para soportar un terremoto de gran magnitud.
La enorme concentración poblacional, sumada al crecimiento urbano desordenado, ha permitido que proliferen miles de edificaciones informales, muchas de ellas construidas sobre suelos inestables o sin respetar los criterios mínimos de ingeniería antisísmica.
Lo preocupante es que esta advertencia no es nueva. Se viene repitiendo desde hace décadas y, pese a ello, los avances son insuficientes. Cada simulacro de sismo genera titulares y campañas de sensibilización, pero una vez que termina el ejercicio, el tema desaparece de la agenda pública. La prevención sigue siendo una prioridad solo mientras dura la emergencia mediática.
La prevención salva vidas, la improvisación las pone en riesgo
La experiencia internacional demuestra que los terremotos no son los verdaderos responsables de las tragedias. Lo que mata son las construcciones deficientes, la falta de planificación urbana y la ausencia de una fiscalización efectiva.
Países como Japón o Chile han sufrido movimientos telúricos incluso superiores a ocho grados y, aunque las pérdidas materiales pueden ser enormes, el número de víctimas suele ser considerablemente menor gracias a décadas de inversión en infraestructura, educación y cumplimiento estricto de las normas de construcción.
En el Perú todavía existe una peligrosa cultura de la improvisación. Muchas municipalidades carecen del personal suficiente para supervisar obras; otras simplemente permiten edificaciones informales que luego resultan imposibles de controlar.
A ello se suma la ocupación de quebradas, laderas y zonas de alto riesgo, donde miles de familias viven expuestas a un desastre anunciado.
La tragedia venezolana también deja otra enseñanza: la capacidad de respuesta del Estado resulta determinante en las primeras horas posteriores al desastre. Hospitales, carreteras, comunicaciones y servicios básicos deben estar preparados para operar en condiciones extremas.
No basta con reaccionar cuando ocurre la emergencia; la verdadera diferencia se construye mucho antes, mediante planificación, inversión y prevención.
Esperar a que ocurra una catástrofe para recién exigir responsabilidades sería repetir un error que la historia ha demostrado una y otra vez. La prevención cuesta dinero, pero la reconstrucción cuesta mucho más; y las vidas humanas perdidas jamás podrán recuperarse. Estamos advertidos.
