El Ministerio de Energía y Minas (Minem), bajo el Gobierno de José Jerí, ha oficializado la autorización para que Southern Perú Copper Corporation inicie las actividades de explotación del controvertido proyecto minero Tía María. La mina de cobre está ubicada en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, y representa uno de los yacimientos más importantes para el sur peruano.
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Esta medida, formalizada a través de la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM, marca el retorno de una iniciativa que ha estado paralizada por más de una década debido a la intensa oposición social generada en el valle de Tambo. La decisión gubernamental permite a la compañía, filial del Grupo México, dar luz verde a una inversión estimada en 1.800 millones de dólares.
Según el documento emitido por la Dirección General de Minería, Southern Perú cumplió con todos los requisitos técnicos y legales necesarios. La empresa acreditó la propiedad de los terrenos superficiales y demostró que mantiene vigente la certificación ambiental aprobada originalmente desde el año 2014, conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Mineros.
La autorización habilita el inicio de explotación en varios derechos mineros clave, incluidos Chanca 919, Malena I, Malena III, Tía María 18, 19, 2 y 8. La proyección de Southern Perú es ambiciosa: se espera una producción anual de 120 mil toneladas de cobre a partir del año 2027.
Resolución señala que Tía María debe implementar medidas de seguridad
El Minem también abordó el tema de la consulta previa, precisando, mediante el Informe N.º 1216-2025-MINEM-DGM/DGES, que no corresponde aplicar dicho mecanismo, dado que en el área de influencia directa del proyecto no existen pueblos indígenas u originarios.
Finalmente, la resolución no solo autoriza, sino que también establece obligaciones estrictas. Ordena a Southern Perú implementar rigurosas medidas de seguridad laboral y asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en sus Instrumentos de Gestión Ambiental, conforme al Decreto Supremo N.º 024-2016-EM.
El expediente ha sido remitido a diversas entidades fiscalizadoras clave —Osinergmin, OEFA, Sunafil, Senace y Sucamec— que serán las encargadas de supervisar estrictamente el cumplimiento de toda la normativa vigente.
