En una contundente intervención, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público destruyeron 22 socavones y 20 campamentos mineros ilegales en los distritos de Hualgayoc y Chogur, región Cajamarca. Según fuentes oficiales, estas operaciones permitieron desarticular una red que extraía en promedio 900 gramos de oro mensuales.
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Operativo contra la minería ilegal
Durante la acción policial, las autoridades inutilizaron maquinaria pesada y materiales valorizados en más de 80 millones de dólares. Entre los bienes destruidos figuran tres retroexcavadoras, seis generadores eléctricos, cinco motores diésel, dos compresoras de aire y diversos equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales.
A pesar del despliegue policial, las personas que se encontraban en los campamentos lograron escapar al ser alertadas por sus vigilantes. Según el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, “esta actividad ilícita llevaba entre tres y cinco años operando en la zona, afectando gravemente el ecosistema y financiando a organizaciones criminales”.
Compromiso interinstitucional para frenar el delito ambiental
El general Lozada sostuvo que continuarán las operaciones conjuntas con el Ministerio Público, el Gobierno Regional de Cajamarca, la División Contra Minas y la Dinoes, con el objetivo de “debilitar las capacidades de amenaza, aportar a la sostenibilidad ambiental y proteger la biodiversidad y los recursos naturales e hídricos de esta región estratégica”.
Preocupante incremento de la minería ilegal en el país
Por su parte, la jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), María Alejandra Ormeño, recordó que las denuncias por minería ilegal se han triplicado en los últimos cuatro años, pasando de 800 en 2020 a más de 2.500 a nivel nacional. Madre de Dios, La Libertad y Puno son las regiones más afectadas por esta actividad ilícita.
El avance sostenido de la minería ilegal continúa siendo uno de los principales desafíos económicos, sociales y ambientales del país, por lo que las autoridades reafirman su compromiso de combatirla de forma articulada y permanente.
