La jornada de “Justicia itinerante” impulsada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa permitió atender y resolver diversos procesos judiciales en beneficio de pobladores en extrema pobreza del distrito de Alca, en la provincia de La Unión – Cotahuasi.
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Durante esta intervención, la jueza de Paz Letrado, Janet Bellido Bustinza, junto a su equipo de trabajo, logró emitir sentencia en 20 expedientes judiciales, de los cuales 18 correspondieron a rectificaciones de partidas de nacimiento, uno por alimentos y otro por incremento de asignación alimentaria.
Asimismo, se corrigieron errores en nombres y apellidos, además de ordenar la inscripción de partidas de nacimiento de ciudadanos que, hasta el momento, no figuraban oficialmente ante el Estado.
Atención a pobladores vulnerables de anexos alejados
Los principales beneficiados fueron ciudadanos de los anexos de Cahuana, Ayahuasi y Alca, quienes pudieron acceder a servicios judiciales sin necesidad de trasladarse hasta otras ciudades. En esta labor también participó activamente la defensora pública Katy Chuctaya Zavaleta, quien brindó asistencia legal durante las diligencias desarrolladas en la zona.
Además de los procesos judiciales resueltos, el equipo multidisciplinario de la Corte Superior realizó evaluaciones psicológicas y sociales relacionadas con casos de violencia familiar y situaciones de desprotección que afectan a menores y familias vulnerables de la provincia de La Unión.

En paralelo, el Juzgado de Paz Letrado de Cotahuasi desarrolló la campaña nacional “Justicia y Derechos para Niños”, logrando entregar consignaciones judiciales por más de 7 mil soles en el distrito de Alca, recursos económicos vinculados principalmente a procesos de alimentos.
Por otro lado, la jueza del Juzgado Mixto de Cotahuasi, Margarita Salas Valencia, resolvió cinco casos de desprotección familiar como parte de la “Jornada Nacional de Desprotección Familiar”.
Estas decisiones fueron posibles gracias al trabajo articulado del equipo multidisciplinario especializado, que además efectuó evaluaciones psicológicas y sociales en otros ocho expedientes actualmente en trámite, buscando garantizar la protección integral y el interés superior de niños y adolescentes de esta provincia arequipeña.
