El 31 de agosto de 2026, a partir de las 08:15 horas, se iniciará el juicio oral contra el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo, y otros cuatro oficiales procesados, quienes afrontan acusaciones por presuntos delitos contra la administración pública vinculados a su gestión en la entonces IX Macro Región Policial de Arequipa, por el llamado caso de “Policías Albañiles”.
El juicio oral contra el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo, y otros oficiales procesados por el caso "Policías Albañiles" comenzará el 31 de agosto de 2026. El proceso, a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Arequipa, evaluará presuntos delitos de peculado, colusión y abuso de autoridad cometidos durante su gestión en la IX Macro Región Policial. La investigación abarca el uso irregular de personal policial para labores de construcción y la presunta apropiación de donaciones de una empresa minera. Los acusados enfrentan esta etapa judicial bajo comparecencia sin restricciones, con la advertencia de ser declarados contumaces en caso de inasistencia.
- La audiencia está programada para iniciarse a las 08:15 horas mediante la plataforma virtual Google Meet.
- Víctor Zanabria es acusado de peculado doloso agravado, colusión agravada y abuso de autoridad por el uso de suboficiales en labores de albañilería.
- La fiscalía investiga la presunta apropiación de una donación efectuada por la empresa minera La Soledad a la institución policial en Arequipa.
- El tribunal advirtió que ante la inasistencia injustificada de los procesados se ordenará su captura a nivel nacional mediante conducción compulsiva.
La audiencia fue programada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y se desarrollará de manera virtual mediante la plataforma Google Meet, con la posibilidad de asistencia presencial en caso de inconvenientes técnicos.
De acuerdo con la resolución judicial, Víctor Zanabria Angulo enfrentará juicio como presunto autor de los delitos de peculado doloso agravado, colusión agravada y peculado doloso, además de una acusación alternativa por abuso de autoridad.
Los hechos investigados están relacionados con el supuesto uso irregular de bienes del Estado (ordenar a suboficiales poara realizar labores de albañilería), presuntas concertaciones ilícitas y la presunta apropiación de una donación efectuada por la empresa minera La Soledad a la institución policial.
Junto al excomandante general de la Policía también serán juzgados Francis Javier Alarcón Gallegos, quien afronta cargos similares por peculado doloso agravado, colusión agravada y peculado doloso.
Luis Alberto Cancela Roggero y Rolando Andrés Rodríguez Bilbao, investigados por el presunto delito de colusión agravada; así como Claudia Felisa del Castillo Chávez, acusada por el presunto delito de falsedad ideológica continuada.
Acusaciones comprenden presuntos actos de corrupción y apropiación de bienes
Según la resolución judicial, el caso comprende diversos hechos investigados por el Ministerio Público. Entre ellos figura un supuesto peculado doloso agravado relacionado con el manejo de recursos públicos durante la gestión de la IX Macro Región Policial de Arequipa.
Una presunta colusión agravada en perjuicio del Estado y un tercer hecho referido a la supuesta apropiación de bienes donados por la empresa minera La Soledad, los cuales estaban destinados a la institución policial.
En el caso de Claudia Felisa del Castillo Chávez, la acusación fiscal corresponde exclusivamente al presunto delito de falsedad ideológica en la modalidad continuada.
El juzgado precisó que la competencia para conocer el proceso corresponde al Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial debido a que el delito más grave imputado, peculado doloso agravado, contempla una pena mínima de ocho años de prisión.
Asimismo, la resolución señala que todos los procesados afrontan actualmente el proceso bajo comparecencia sin restricciones, por lo que deberán presentarse obligatoriamente a la audiencia de juicio.
El tribunal también dispuso el emplazamiento de todos los acusados, de sus abogados defensores, del Ministerio Público y de los actores civiles.
En caso de inasistencia injustificada de los procesados, el juzgado advirtió que podrán ser declarados ausentes o contumaces, ordenándose incluso su captura a nivel nacional mediante conducción compulsiva.
