El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, en la región La Libertad, ha solicitado los descargos del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y del oficial mayor, Giovanni Forno, por una posible vulneración al principio de neutralidad en periodo preelectoral. Según el órgano electoral, una cámara institucional del Parlamento fue empleada durante el mitin de Keiko Fujimori, realizado el 30 de octubre en Trujillo, en el que anunció su cuarta postulación presidencial.
Generando resumen...
De acuerdo con la resolución N.º 00097-2025-JEE-PCYO/JNE, el JEE recibió el 3 de noviembre dos informes de fiscalización que sostienen que ambos funcionarios podrían haber infringido “las normas que regulan la neutralidad estatal en el periodo electoral (…) debido al uso indebido de bienes públicos, a favor de la organización política Fuerza Popular”.
El organismo electoral otorgó a Rospigliosi y Forno un plazo de un día para presentar sus descargos, luego de haber recibido la notificación formal. Asimismo, se les requirió habilitar una casilla electrónica en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para futuras comunicaciones oficiales.
Cabe recordar que sobre Rospigliosi pesa una moción de censura anunciada en el Congreso. El 4 de noviembre, la congresista Ruth Luque señaló que impulsará esta medida “por no asumir la responsabilidad política” tras el uso de equipos del Parlamento en el acto partidario de Fujimori.
Informes detallan posibles faltas de neutralidad
Uno de los documentos de fiscalización, el informe N.º 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE, señala que Giovanni Forno, como oficial mayor del Congreso, “no cauteló el uso adecuado de una cámara institucional”. Dicho aparato habría sido empleado para registrar el evento político de Fuerza Popular, lo cual configura, según el mismo informe, “una infracción al artículo 32 del Reglamento sobre propaganda electoral”.
En cuanto a Fernando Rospigliosi, el documento indica que tenía “el deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia (…) sean utilizados exclusivamente para los fines propios de la función legislativa”. La falta de acciones para prevenir el uso indebido habría significado, según el informe, un incumplimiento de sus obligaciones como titular del Congreso.
A pesar de que la Oficialía Mayor emitió un comunicado el 2 de noviembre reconociendo la presunta inconducta funcional y anunciando investigaciones administrativas internas, el JEE sostiene que esto “no constituye un deslinde de responsabilidad” respecto de otros funcionarios implicados en funciones de control y vigilancia.
Uno de los trabajadores involucrados en el uso de la cámara presentó su renuncia días después, pero los informes del JEE aclaran que ello “no extingue la responsabilidad administrativa ni penal” y que “la renuncia no equivale a absolución”, según el principio jurídico “Renuntiatio non est absolutio”.
Rospigliosi, por su parte, minimizó el hecho en redes sociales calificándolo como una “falta” cometida por un subordinado y aseguró que “ya renunció” y fue sometido a un proceso sancionador. Sin embargo, el JEE considera que la responsabilidad no concluye en ese nivel de la jerarquía.
