El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso la puesta a disposición de INTERPOL Lima del interno Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, en el marco de un requerimiento internacional emitido por la justicia de Argentina por el presunto delito de homicidio agravado.
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Traslado se ejecutó bajo estrictos protocolos de seguridad en operativo coordinado
La diligencia se realizó a las 04:15 de la madrugada del lunes 4 de mayo, en cumplimiento de la orden emitida por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. El traslado se llevó a cabo desde el establecimiento penitenciario Ancón II, donde agentes del INPE realizaron la custodia del interno hasta su entrega formal a personal de INTERPOL.
Posteriormente, se procedió a la firma de la documentación correspondiente que autorizó su traslado en el marco del proceso de extradición solicitado por la República Argentina. La operación se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación interinstitucional.
El presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa, destacó el cumplimiento de los compromisos internacionales del sistema penitenciario peruano, señalando que la entidad respeta los acuerdos judiciales vigentes. En ese sentido, indicó que “el INPE cumple con las autoridades internacionales, prevaleciendo el respeto a la justicia”.
De acuerdo con la información oficial, Valverde Victoriano era requerido como presunto autor intelectual de un triple homicidio en Argentina y venía cumpliendo seis meses de prisión preventiva en el penal de Cañete.
En paralelo, durante la misma jornada, también fue extraditado el interno Chininin Chuquihuanga Icsar, solicitado por las autoridades argentinas por el presunto delito de agresión sexual en agravio de una menor de edad.
Como parte del procedimiento, el INPE dispuso evaluaciones médicas previas para ambos internos, a fin de garantizar su estado de salud antes del traslado, conforme a los protocolos establecidos.
Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de fortalecer la seguridad penitenciaria y continuar la cooperación con organismos nacionales e internacionales en la lucha contra el delito.
