El Gobierno Central dispuso un estado de emergencia por 60 días en 28 distritos de seis regiones, entre ellas Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, con el fin de enfrentar el avance de la criminalidad. En el caso de Puno, la medida alcanza a 15 distritos considerados altamente vulnerables, donde se intensificará el control migratorio y el resguardo fronterizo.
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Los distritos puneños incluidos pertenecen principalmente a provincias colindantes con Bolivia. En Sandia, la declaratoria abarca a Yanahuaya y San Juan del Oro. En San Antonio de Putina, la medida se aplica a Ananea, mientras que Huancané queda incluida mediante el distrito de Cojata.
La provincia de Moho concentra tres distritos bajo emergencia: Huayrapata, Moho y Tilali, todos localizados en la línea fronteriza. En Yunguyo, se suman Yunguyo, Tinicachi y Ollaraya, identificados como puntos clave para la vigilancia migratoria.
A esto se agregan Desaguadero, Kelluyo y Pisacoma en Chucuito, y finalmente Capazo en El Collao.
Acciones reforzadas en zonas de riesgo
Con la declaratoria, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán intervenir de manera conjunta, ejecutar operativos inmediatos y fortalecer el orden interno. Las autoridades indicaron que la presencia militar se concentrará en los pasos fronterizos con Bolivia, donde se registran los mayores índices de ilícitos.
La medida responde a la creciente preocupación por delitos transfronterizos como el contrabando y la migración irregular. Según la disposición oficial, se busca enfrentar actividades que, como señalaron las autoridades, “afectan la seguridad en la región”, una frase que también fue descrita como un llamado de atención sobre el incremento de hechos delictivos en zonas vulnerables.
Operativos continuos para contener la delincuencia
Durante los 60 días de vigencia, los distritos incluidos tendrán controles permanentes, patrullajes especializados y operativos de alcance inmediato. Las instituciones esperan que la coordinación entre policía y ejército contribuya a reducir la criminalidad y restablecer la seguridad ciudadana en provincias donde los delitos se han multiplicado en los últimos meses.
