Jessica Gladys Díaz Borges, integrante del pueblo asháninka, se encuentra nuevamente en el centro de una lucha desigual por la defensa de su territorio ancestral en Puerto Inca (Huánuco). La activista denunció que fue secuestrada y golpeada por sujetos vinculados a la minería ilegal en su comunidad de Paucarsito, luego de exponer la contaminación de los ríos locales presuntamente causada por operaciones informales.
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En 2022, Jessica advirtió que los cuerpos de agua usados para el consumo y la agricultura se habían vuelto turbios y con residuos. Según su testimonio, las actividades mineras ilegales vertían desechos tóxicos, afectando la salud y el sustento de las familias asháninkas. “Casi me matan”, relató. “Me arrastraron, me golpearon y me dejaron tirada mientras pedía agua con mi bebé de dos meses”. Tras el ataque, permaneció hospitalizada una semana y ahora clama: “Quiero justicia antes de que me maten”.
Fiscalía bajo cuestionamientos
Cuatro años después del secuestro, el proceso judicial enfrenta graves irregularidades. La abogada de Jessica, Iraya Quevedo, denunció que la Fiscalía intentó archivar el caso y que el fiscal a cargo, Alexander Fasanando, habría tenido vínculos con uno de los acusados. “Pidió el sobreseimiento argumentando que los agresores eran nativos y no sabían lo que hacían”, señaló. La defensora también advirtió que el anterior abogado de Jessica habría actuado en complicidad con los mineros.
Consultado por medios locales, el fiscal Fasanando negó cualquier intento de archivo y aseguró que el caso sigue su curso: “Yo he pedido un requerimiento mixto, está en curso”, afirmó. Sin embargo, reconoció no conocer detalles recientes de la defensa y negó haber sido asesor de alguno de los implicados.
Minería ilegal y amenazas en aumento
Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, la minería ilegal continúa activa en Puerto Inca. En 2022, se registraron más de 250 operaciones sin formalizar. La abogada Quevedo asegura que “los mineros compran fiscales y policías”, mientras que el caso de Jessica “es el único terreno que aún no ha sido invadido en Paucarsito”.
Pese a las constantes amenazas y a los intentos de desalojo, Jessica continúa defendiendo su chacra de 50 hectáreas. “Yo no vivo de la minería, vivo de mis plantas y mis animales”, expresó. “Duermo escondida, tengo miedo. Los que me secuestraron siguen viviendo cerca de mi casa”, lamentó.
Exige apoyo estatal
La activista viajó a Lima para reunirse con el Ministerio de Justicia y presentar una queja ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público. Busca protección y el reconocimiento de los defensores ambientales como grupo en riesgo. “Los mineros estaban acostumbrados a violar, a matar, a secuestrar. Como hay personas que no tienen plata, no hay justicia”, declaró.
Jessica comparó su situación con el caso Saweto, donde cuatro líderes asháninkas fueron asesinados por defender su territorio. “Ellos no vieron justicia. Yo quiero verla ahora, mientras estoy viva. Tengo seis hijos y lucho por ellos”, concluyó con firmeza.
