La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió que el Poder Judicial declare fundada la demanda de extinción de dominio sobre una barra de oro de aproximadamente 10 kilogramos, valorizada en S/ 2 220 519.83, cuyo origen está asociado a actividades de minería ilegal.
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El proceso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Jorge Elías Castillo Jiménez, quien acreditó que el lingote constituye un incremento patrimonial injustificado relacionado a una empresa minera que operaba como fachada.
De acuerdo con la investigación fiscal, dicha empresa utilizó de manera irregular el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para simular operaciones de producción y exportación de oro, pese a contar con un capital social mínimo, sin capacidad real para realizar actividad extractiva. Esta inscripción fraudulenta le permitió aparentar formalidad en el comercio del mineral.
Fiscalía reveló estructura criminal para blanquear oro ilegal
El fiscal Castillo demostró que la representante legal de la empresa, Filomena Achaquihui, recurrió a declaraciones falsas y contradictorias sobre la compra, uso y almacenamiento de insumos químicos y explosivos presuntamente empleados en su actividad minera. Estos elementos evidenciaron que la compañía no contaba con equipos, personal especializado ni las autorizaciones exigidas por ley para operar.
Asimismo, la Fiscalía identificó vínculos familiares entre las empresas involucradas, lo que permitió revelar una estructura criminal diseñada para blanquear oro ilegal, utilizando la fachada de una operación minera formal. Gracias a estos hallazgos, se logró una victoria judicial contra la minería ilegal y el lavado de activos.
Compromiso institucional contra la minería ilegal
Con esta acción, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con el desmantelamiento de organizaciones que se benefician de la minería ilegal, así como con la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente para beneficio del Estado peruano. Las autoridades señalaron que continuarán fortaleciendo los mecanismos de investigación y extinción de dominio para golpear las estructuras financieras que sostienen este tipo de delitos.
