Un violento enfrentamiento registrado en la inmobiliaria Continental, ubicada en la avenida Dolores, frente a la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa, dejó como saldo dos personas heridas y 8 detenidos, luego de una intervención policial que permitió desarticular a la presunta banda criminal denominada “Los Malditos de Bustamante”.
Un violento enfrentamiento en la inmobiliaria Continental de Arequipa terminó con ocho personas detenidas y dos heridos, uno de los cuales se encuentra en estado grave tras ser arrojado por una ventana del segundo piso. La Policía Nacional intervino en el local ubicado en la avenida Dolores tras recibir alertas sobre agresiones y un presunto robo en curso por parte de supuestos integrantes de una banda criminal. El trasfondo del incidente involucra una disputa por el control administrativo de la empresa entre los socios mayoritarios y el gerente general, quien también fue intervenido. Actualmente, las autoridades investigan denuncias previas sobre falsificación de documentos y la toma irregular del establecimiento.
- La intervención policial, que incluyó a unidades del SUAT y Águilas Negras, resultó en la captura de ocho sospechosos por presunta tentativa de homicidio y robo agravado.
- Una víctima fue lanzada desde un segundo piso durante la gresca y permanece internada con pronóstico reservado en el hospital Honorio Delgado.
- Entre los detenidos figuran el gerente general de la inmobiliaria y su abogado, señalados por socios de la empresa de intentar tomar posesión del local mediante irregularidades.
- El conflicto legal incluye acusaciones previas por falsificación de documentos vinculados a la venta de acciones y manejo administrativo fraudulento.
Uno de los hechos más graves ocurrió cuando una de las víctimas fue arrojada por una ventana del segundo piso durante la gresca. Según las cámaras de seguridad los presuntos delincuentes ingresaron al inmueble trepando uno de los muros.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Tránsito y Seguridad Vial, SUAT y el grupo Águilas Negras, quienes acudieron tras recibir la alerta de transeúntes que denunciaron una pelea y un presunto robo dentro del inmueble.
Al ingresar, la Policía encontró personas con lesiones visibles, daños materiales y a un hombre que colgaba desde una ventana, quien fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro de salud. Según la información preliminar, la víctima habría sido empujada por los agresores durante el ataque.
Conflicto interno por inmobiliaria y acusaciones por presuntas irregularidades
Tras un ingreso táctico coordinado, la PNP logró la detención de nueve personas, presuntamente implicadas en los delitos de tentativa de homicidio y robo agravado, quienes fueron trasladadas a la comisaría PNP Simón Bolívar para continuar con las diligencias. Uno de los heridos permanece internado en el hospital Honorio Delgado, siendo su estado grave.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, seis de los detenidos no tendrían vínculo con la inmobiliaria, mientras que también quedó intervenido el gerente general, Álvaro Gil, y su abogado, quienes, según los denunciantes, se niegan a dejar el cargo.
La abogada de los socios de la empresa señaló que los presuntos matones habrían ingresado trepando los muros, agrediendo al personal con la intención de sustraer laptops, teléfonos celulares y libros contables.
Una semana antes de este ataque, los socios del directorio de Continental Inmobiliaria, Enrique Ligarda y su asesora legal Solange Quispe, denunciaron públicamente presuntas irregularidades administrativas cometidas por el gerente general.
Según indicaron, Álvaro Gil habría intentado sorprender a la Policía con una supuesta denuncia de robo que no se habría producido, con el objetivo de tomar posesión irregular del local y de la empresa.
Además, los accionistas informaron que presentaron una denuncia adicional por la presunta falsificación de documentos vinculados a la venta de acciones, lo que configuraría un posible intento de despojo administrativo. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades penales y administrativas.
