El 13.º Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso medidas de protección recíprocas para una madre y su hijo adolescente, luego de conocerse un presunto episodio de violencia familiar ocurrido en el distrito de Cerro Colorado.
El 13.º Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó medidas de protección recíprocas para una madre y su hijo adolescente tras una denuncia de violencia mutua en el distrito de Cerro Colorado. El incidente incluyó la presunta expulsión del menor de la vivienda bajo amenazas, así como ofensas verbales y uso no autorizado de dinero por parte del adolescente. El magistrado prohibió cualquier tipo de agresión física, psicológica o patrimonial entre ambos para garantizar la integridad del núcleo familiar. Como parte de la resolución, se dispuso terapia psicológica obligatoria y el monitoreo constante por parte del Centro de Emergencia Mujer.
- Las medidas de protección responden a una evaluación de riesgo moderado tras episodios de agresión psicológica y patrimonial en el domicilio familiar.
- El juzgado prohibió de manera recíproca actos de violencia física o verbal para evitar una escalada en el conflicto entre madre e hijo.
- Ambas partes deberán asistir a terapia psicológica obligatoria en un centro de salud estatal para fortalecer sus relaciones familiares.
- El Centro de Emergencia Mujer y la institución educativa del menor supervisarán el cumplimiento de las disposiciones judiciales y reportarán incidencias.
La decisión judicial busca prevenir nuevos actos de agresión dentro del núcleo familiar y garantizar la integridad física y emocional de ambos involucrados.
Asimismo, el magistrado priorizó medidas orientadas a la recuperación y protección integral de la familia, considerando los hechos denunciados y los resultados de la evaluación de riesgo realizada por las autoridades competentes.
De acuerdo con la denuncia presentada, el adolescente habría sido víctima de agresiones psicológicas y patrimoniales luego de una discusión ocurrida en el domicilio familiar.
Entre los hechos reportados se señala que la madre habría expulsado al menor de la vivienda, arrojando sus pertenencias a la vía pública y amenazándolo con un objeto punzocortante para que abandonara el inmueble.
El juzgado tomó en consideración la ficha de valoración de riesgo elaborada durante las diligencias, la cual determinó la existencia de un nivel moderado de afectación para el adolescente, situación que motivó la adopción inmediata de medidas de protección.
Arequipa: medidas buscan evitar nuevos hechos de violencia
Durante la evaluación del caso, el juez también advirtió que el adolescente habría incurrido en conductas ofensivas contra su progenitora. Según la información recogida en el proceso, el menor habría proferido insultos contra su madre y utilizado dinero sin autorización.
Frente a este escenario, el magistrado resolvió imponer medidas de protección recíprocas, prohibiendo tanto a la madre como al hijo realizar actos de violencia física, psicológica o patrimonial en perjuicio del otro.
La resolución enfatiza que estas disposiciones tienen como finalidad evitar una escalada del conflicto y promover un entorno familiar libre de violencia.
Asimismo, se recordó a ambas partes que el incumplimiento de las medidas judiciales podría generar consecuencias legales adicionales, conforme a la normativa vigente en materia de violencia contra integrantes del grupo familiar.
Como parte de las acciones complementarias, el juzgado ordenó que tanto la madre como el adolescente reciban terapia psicológica obligatoria en un establecimiento de salud del Estado. El objetivo es brindar acompañamiento profesional que permita abordar las causas del conflicto y fortalecer las relaciones familiares.
Además, el caso será monitoreado por el Centro de Emergencia Mujer (CEM), entidad que deberá realizar seguimiento a la situación y reportar cualquier incidencia. De igual manera, la institución educativa donde estudia el adolescente deberá activar los protocolos establecidos para casos de violencia familiar y comunicar las acciones adoptadas al órgano jurisdiccional correspondiente.
Con estas medidas, el Poder Judicial busca garantizar la protección de los involucrados, prevenir nuevos episodios de violencia y promover mecanismos de atención integral que contribuyan a la recuperación y estabilidad del grupo familiar.
