El juez Humberto Valdivia Talavera, del 13° Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó medidas de protección a favor de tres menores de edad que habrían estado expuestos de manera reiterada a graves episodios de violencia familiar en el distrito de Cerro Colorado.
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La decisión judicial fue adoptada luego de evaluarse un nivel de riesgo severo extremo, además de verificarse múltiples antecedentes de denuncias cruzadas entre los padres de los niños, quienes aparecen en distintos procesos tanto como presuntos agresores y víctimas.
Menores habrían presenciado constantes agresiones
De acuerdo con la resolución judicial, la Policía intervino tras una llamada de emergencia que alertaba sobre actos de violencia dentro de una vivienda. En el lugar, la madre de los menores denunció haber sido víctima de agresiones físicas e insultos denigrantes por parte del padre de sus hijos, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Durante la intervención policial, el varón también fue encontrado con lesiones en la cabeza producidas en medio de la discusión. El juzgado advirtió que estos hechos ocurrieron delante de los niños, quienes habrían presenciado constantes episodios de violencia física y psicológica dentro del hogar.
La ficha de valoración de riesgo incorporada al expediente reveló antecedentes alarmantes, entre ellos amenazas de muerte, episodios de estrangulamiento, amenazas contra los hijos y consumo frecuente de alcohol y sustancias psicoactivas.
Asimismo, el informe social elaborado por el Equipo Multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado dejó constancia de que la madre se negó a instalar el aplicativo “Botón de Pánico”, herramienta destinada a brindar atención inmediata ante situaciones de riesgo.
Ordenan evaluación urgente de la Unidad de Protección Especial
Frente a este escenario, el juzgado dispuso la prohibición de nuevos actos de violencia y discusiones en presencia de los menores, además de ordenar atención psicológica gratuita para los niños.
También se determinó la participación obligatoria de ambos progenitores en charlas informativas relacionadas con el consumo de alcohol y la convivencia familiar.
De igual forma, se ordenó remitir copias del caso a la Unidad de Protección Especial para que evalúe de manera urgente la situación de los menores y adopte las medidas necesarias para garantizar su bienestar, priorizando su derecho a crecer en un entorno seguro y libre de violencia.
