Apunte Jurídico| Recientemente, la Sala Plena de la Corte Suprema, presidida por la jueza Janet Tello Gilardi, dispuso la conformación de una comisión de alto nivel encargada de analizar, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia.
La Sala Plena de la Corte Suprema ha dispuesto la creación de una comisión de alto nivel para impulsar una reforma integral del sistema de justicia en el Perú. No obstante, el análisis jurídico advierte que esta tarea trasciende las facultades exclusivas del Poder Judicial, pues requiere la participación articulada de múltiples instituciones como el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Una refundación institucional de esta magnitud exige voluntad política transversal, reformas constitucionales y una coordinación efectiva entre los diversos poderes del Estado. El objetivo final es establecer un sistema independiente, eficiente y transparente que logre recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la democracia nacional.
- La Corte Suprema conformó una comisión especial para analizar y promover la reforma integral del sistema de justicia frente a la crisis de confianza actual.
- El análisis diferencia conceptualmente la reforma del Poder Judicial de la del sistema de justicia, la cual involucra a diversas entidades autónomas y al Congreso.
- Se requiere una reforma constitucional y acuerdos políticos mínimos para redefinir competencias y garantizar estándares de independencia y meritocracia.
- La propuesta busca una gestión eficiente, rápida y respetuosa de los derechos fundamentales para superar la impunidad y mejorar la calidad de las sentencias.
- La refundación del sistema se plantea como una responsabilidad colectiva que debe transformarse en una política de Estado sostenida en el tiempo.
Se trata, sin duda, de una iniciativa loable y necesaria en un país donde la crisis de confianza en las instituciones judiciales ha alcanzado niveles preocupantes. Sin embargo, es imprescindible hacer una distinción conceptual y política que resulta clave para no generar falsas expectativas: no es lo mismo reformar el sistema de justicia que reformar el Poder Judicial.
Apunte Jurídico: una distinción necesaria
El sistema de justicia no se agota en el Poder Judicial. Está conformado por un conjunto de instituciones que participan directa o indirectamente en la resolución de conflictos con relevancia jurídica: el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, e incluso el propio Congreso cuando legisla en materia procesal o sustantiva.
Pensar que una comisión impulsada desde la Corte Suprema puede, por sí sola, “refundar” el sistema de justicia es, cuando menos, optimista.
Una verdadera refundación del sistema de justicia exige voluntad política transversal. Supone coordinación entre poderes del Estado, acuerdos mínimos sobre políticas públicas judiciales y, sobre todo, una reforma constitucional que redefina competencias, fortalezca mecanismos de control y garantice estándares de independencia y meritocracia.
No se trata solo de modificar reglamentos internos o de mejorar procedimientos administrativos. Una reforma integral implica revisar la arquitectura institucional del sistema.
Una tarea pendiente del Estado
Debemos entender que refundar el sistema de justicia es volverlo hacer, es repensar todas las instituciones, sus políticas, su gestión, sus atribuciones constitucionales y legales, sus composiciones, etc.
Esta es una tarea pendiente, los ciudadanos merecemos mejores instituciones, un sistema de justicia que no genere impunidad, pero que a la vez garantice derechos; un sistema de justicia que sea eficiente, rápido, transparente, exigente, y sensible con el justiciable; que entienda que su legitimidad no se sustenta en la cantidad de sentencias ni en penas más duras, sino en la calidad de estas, que sean respetuosas de los derechos fundamentales y de los valores constitucionales.
Una refundación del sistema de justicia no puede hacerse de manera separa, institución por institución, se requiere por el contrario de una trabajo articulado, una interacción entre todas las institucionales del sistema; requiere además de liderazgos visibles y comprometidos con la reforma; pero sobre todo de incorporar a los ciudadanos, a los usuarios del sistema.
La refundación del sistema de justicia es una tarea pendiente, la elección de las nuevas autoridades es un escenario propicio para retomar esta tarea.
El Perú necesita un sistema de justicia que refuerce su independencia, eficiente y confiable. Y aunque el camino hacia esa meta sea complejo, cada esfuerzo orientado a fortalecerlo suma. La clave estará en entender que la justicia es una responsabilidad compartida.
Si logramos asumir esa responsabilidad colectiva, la reforma dejará de ser una promesa recurrente y podrá convertirse, finalmente, en una política de Estado sostenida en el tiempo.
Allí radica la verdadera esperanza: en la posibilidad de construir, con diálogo y compromiso, una justicia que responda a las expectativas legítimas de la ciudadanía y fortalezca nuestra democracia.
