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Apunte Jurídico… El debate en torno a Nicolás Maduro y su permanencia en el poder ha sido reducido, con demasiada frecuencia, a una falsa dicotomía entre la defensa de la democracia y la tolerancia de la dictadura. Bajo esta lógica simplista, toda acción dirigida contra el régimen venezolano parecería legítima por el solo hecho de enfrentar a un gobierno autoritario.
Sin embargo, el derecho —y especialmente el derecho internacional— no puede construirse sobre emociones políticas, indignación moral o intereses geoestratégicos. La verdadera discusión jurídica no es si el régimen de Maduro merece reproche, sino si la comunidad internacional está dispuesta a sacrificar los principios que dice defender cuando el acusado es políticamente incómodo y estratégicamente vulnerable.
En este contexto, la acusación formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (Southern District of New York – SDNY) contra Nicolás Maduro plantea interrogantes de enorme trascendencia jurídica.
Se le imputan, entre otros cargos, los delitos de conspiración de narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína, uso de armas de guerra y pertenencia a una organización criminal transnacional. La gravedad de estas imputaciones es indiscutible.
No obstante, la pregunta central no es si los hechos imputados son moralmente repudiables o políticamente condenables, sino si tales acusaciones son suficientes para justificar la vulneración de la soberanía venezolana y el desconocimiento del derecho internacional público.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el principio de soberanía estatal sigue siendo uno de los pilares del orden internacional. La competencia penal de los tribunales nacionales, incluso de aquellos pertenecientes a una potencia como Estados Unidos, no es ilimitada.
El ejercicio de jurisdicción extraterritorial exige fundamentos claros, como el principio de territorialidad, nacionalidad, protección o jurisdicción universal. Pretender que tribunales federales estadounidenses juzguen a un mandatario extranjero en funciones —o incluso a un exmandatario— sin el respeto de los canales multilaterales y sin una habilitación clara del derecho internacional, supone un precedente peligroso.
Cabe entonces preguntarse: ¿tienen competencia legal los tribunales federales estadounidenses para juzgar a Nicolás Maduro al margen de un mandato internacional? ¿Puede una acusación fiscal interna reemplazar los mecanismos multilaterales previstos para enfrentar crímenes de alcance internacional?
La respuesta, desde el derecho internacional clásico y contemporáneo, no es sencilla, pero sí clara en un punto esencial: la lucha contra la criminalidad transnacional no puede servir como excusa para vaciar de contenido el sistema jurídico internacional.
Nicolás Maduro: soberanía, poder y debilitamiento del derecho internacional
Aún más preocupantes resultan las implicancias políticas que se derivan de esta lógica. ¿Puede Estados Unidos gobernar Venezuela hasta que exista una supuesta transición pacífica? ¿Está legitimado para disponer de los recursos naturales venezolanos bajo el argumento de restaurar la democracia? Tales planteamientos recuerdan peligrosamente a viejas doctrinas intervencionistas que América Latina conoce demasiado bien.
La historia demuestra que las “intervenciones salvadoras” suelen responder menos a la protección de los derechos humanos y más a intereses geopolíticos y económicos.
Desde finales del siglo pasado la ONU, el derecho internacional, han venido en un franco debilitamiento. La presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU de EE.UU., China y Rusia genera hegemonías y avala intervenciones militares inaceptables como lo vivido en la Franja de Gaza, una intervención de Israel inaceptable, dolorosa e inhumana.
El derecho internacional no está para avalar los abusos del poder en nombre de la paz, de la libertad o de la democracia; el derecho internacional se creó para vivir civilizadamente y para limitar el poder de los estados poderosos.
La Carta de las Naciones Unidas se ha convertido en una concurrencia de buenos propósitos, los estados poderosos no la cumplen, la institucionalidad internacional fracaso. De lo contrario ninguna acusación fiscal sería suficiente para vulnerar la soberanía nacional, menos aún para sustituir la fuerza por el derecho.
Los tratados internacionales se están convirtiendo peligrosamente en letra muerta, y si esta es la tendencia, las cortes internacionales, la jurisdicción internacional perderá poder, y cada estado, sobre todo los poderosos, intervendrán en los territorios ajenos para hacer “justicia”, sin respetar la jurisdicción internacional, la competencia judicial, el principio de juez natural predeterminado por ley, entre otros.
D. Trump ha manifestado que va a gobernar Venezuela hasta que haya una transición pacífica; sin embargo, ridiculiza públicamente a María Corina Machado y somete al pueblo venezolano negociando con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del chavismo, lo que demuestra su poco interés en la democracia; más bien, su interés está en disponer del petróleo venezolano.
Aceptar que el orden internacional funcione únicamente cuando conviene a los poderosos implica renunciar a la idea misma de derecho internacional. La dictadura de Maduro debe ser denunciada, investigada y sancionada conforme a los mecanismos jurídicos internacionales, no mediante atajos que socavan el sistema que se pretende defender. De lo contrario, el remedio puede resultar más nocivo que la enfermedad, y el derecho terminará siendo una simple herramienta al servicio del poder.
