Apunte Jurídico| Hay casos que, por su gravedad y repercusión social, terminan siendo juzgados primero por la opinión pública y después por los tribunales. El caso del Liceo Naval Almirante Guise es uno de ellos.
El análisis jurídico aborda el caso de presunta agresión sexual a un adolescente en el Liceo Naval Almirante Guise, el cual ha generado amplia indignación social. Frente a la repercusión mediática, se enfatiza que fiscales y jueces deben mantener la objetividad e imparcialidad conforme a la Constitución y las leyes. Asimismo, se precisa que el marco legal peruano contempla un régimen penal especial para menores y exige individualizar conductas para determinar responsabilidades. Por último, se subraya la necesidad de investigar el papel y posible deber de garante de los adultos a cargo para garantizar una justicia basada en pruebas y no en presiones públicas.
- La investigación del caso exige que fiscales y jueces actúen con objetividad e imparcialidad, sin ceder ante la presión mediática o el populismo punitivo.
- Los adolescentes de 14 a menos de 18 años están sujetos a un régimen de responsabilidad penal especial enfocado en garantías, rehabilitación y reinserción social.
- La ley exige individualizar la conducta y grado de participación de cada menor involucrado, sustentando la responsabilidad en pruebas concretas.
- La responsabilidad penal de los adultos presentes en el vehículo dependerá de la determinación de su deber de garante y su capacidad para impedir los hechos.
- El caso interpela a la comunidad educativa, padres y al Estado sobre sus deberes de prevención, cuidado y fortalecimiento de políticas educativas.
La presunta agresión sexual sufrida por un adolescente durante el traslado en un bus de un equipo deportivo ha generado indignación, preocupación y legítima solidaridad con la víctima. Sin embargo, precisamente frente a hechos que conmocionan a la sociedad, el Derecho exige serenidad y prudencia.
Cuando un proceso penal se convierte en noticia permanente, existe el riesgo de que la presión mediática termine condicionando el funcionamiento de la justicia. El fiscal tiene el deber de actuar con objetividad y el juez debe preservar su imparcialidad.
Ambos están sometidos a la Constitución y a la ley, no a la presión de las cámaras, las redes sociales o la opinión pública.
En estos escenarios suele aparecer, además, el llamado populismo punitivo, “la idea de que frente a determinados delitos la solución consiste en aumentar las penas, reducir la edad de responsabilidad penal o disminuir las garantías procesales”.
Sin embargo, la experiencia demuestra que los problemas sociales complejos no desaparecen mediante el endurecimiento automático de las respuestas penales.
Apunte Jurídico| responsabilidad individual y garantías
En el caso de los adolescentes involucrados, debe recordarse que el ordenamiento peruano contempla un sistema de responsabilidad penal especial, distinto al régimen aplicable a los adultos.
El adolescente de 14 a menos de 18 años se encuentra sujeto a un régimen que reconoce su condición particular como persona en proceso de formación y establece una respuesta diferenciada frente a la infracción de la ley penal.
Esta especial protección no significa impunidad. Significa que la responsabilidad debe establecerse mediante un procedimiento respetuoso de las garantías fundamentales y que la respuesta estatal debe considerar la finalidad educativa, de rehabilitación y reinserción social propia del sistema juvenil.
Tampoco puede asumirse que todos los adolescentes involucrados tienen la misma responsabilidad.
La imputación penal exige individualizar la conducta de cada uno: determinar qué hizo, cuál fue su grado de participación, qué circunstancias concurrieron y qué elementos de prueba sustentan su responsabilidad. La gravedad del hecho no puede reemplazar la prueba.
Distinta es la situación de los adultos que se encontraban en el vehículo. Si tenían funciones de vigilancia, cuidado o protección, será necesario determinar si jurídicamente tenían un deber de garante, cuál era el alcance concreto de sus funciones y si tenían capacidad efectiva para impedir el resultado.
Solo la investigación y la prueba permitirán establecer si existe responsabilidad penal por omisión impropia o por algún otro título de imputación. Adelantar una conclusión sería jurídicamente irresponsable.
La justicia frente a la indignación
Este caso también nos obliga a mirar más allá del Derecho penal. Interpela a los padres, docentes, directores y auxiliares sobre sus deberes de prevención y protección; y al Estado, sobre la necesidad de fortalecer políticas de educación, prevención y sexualidad responsable.
La justicia debe escuchar el dolor de las víctimas, pero no puede renunciar a sus principios por causa de la indignación. No se trata de buscar venganza. Se trata de buscar justicia. Y una justicia verdadera exige verdad, prueba, responsabilidad individual y respeto irrestricto al Estado constitucional de derecho.
