Apunte Jurídico | La seguridad ciudadana constituye una de las responsabilidades esenciales del Estado. Es una condición para el ejercicio efectivo de los derechos, la convivencia y el desarrollo.
El artículo sostiene que la seguridad ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado peruano, reconocida en los artículos 44 y 166 de la Constitución, que obliga a proteger a la población y combatir la delincuencia dentro de los límites constitucionales. Advierte que trasladar el modelo de mano dura asociado a Nayib Bukele sería un error, pues la flexibilización de garantías eleva el riesgo de detenciones arbitrarias y afectaciones a inocentes. Señala que la eficacia de una política criminal no se mide solo por capturas o endurecimiento de penas, sino por reducir la violencia respetando la legalidad y el debido proceso. Propone articular firmeza, prevención e instituciones sólidas, con presencia estatal en los territorios, recuperación de espacios públicos y participación vecinal.
- La Constitución peruana asigna al Estado proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad y garantizar los derechos humanos, y a la Policía Nacional prevenir, investigar y combatir la delincuencia.
- El modelo de mano dura y la flexibilización de garantías pueden dar imagen de autoridad, pero elevan el riesgo de detenciones arbitrarias, errores judiciales y afectaciones a personas inocentes.
- La eficacia de una política criminal debe medirse por su capacidad de reducir la violencia respetando la legalidad y el debido proceso, no solo por el número de capturas o el endurecimiento de penas.
- Se requieren instituciones sólidas: Policía profesional, Ministerio Público, Poder Judicial independiente, sistema penitenciario eficaz y lucha contra la corrupción.
- La prevención exige presencia estatal sostenida en los territorios, recuperación de espacios públicos y políticas sociales, con un papel decisivo de los gobiernos locales.
La Constitución peruana reconoce esta obligación cuando establece que corresponde al Estado proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (artículo 44).
En esa misma línea, asigna a la Policía Nacional la función de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, además de proteger a las personas y asegurar el cumplimiento de la ley (artículo 166).
De esta doble exigencia se desprende una premisa: el Estado tiene el deber de actuar con eficacia frente al delito, pero debe hacerlo dentro de los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder. La seguridad no se opone a la democracia; la hace posible.
Por eso, una política que pretenda proteger a la sociedad debilitando las garantías que sostienen la democracia termina comprometiendo aquello que afirma defender.
El modelo de mano dura y los límites constitucionales
En el debate ha ganado visibilidad el enfoque de mano dura asociado al gobierno de Nayib Bukele. Su atractivo político se explica por la urgencia social de recuperar la tranquilidad frente a pandillas criminales que desafían la autoridad estatal.
Sin embargo, trasladar ese modelo a nuestra realidad sería un error. Las respuestas excepcionales, la flexibilización de garantías y la concentración de facultades punitivas pueden ofrecer una imagen inmediata de autoridad, pero elevan el riesgo de detenciones arbitrarias, errores judiciales y afectaciones a personas inocentes.
La eficacia de una política criminal no puede medirse únicamente por el número de capturas o el endurecimiento de las penas, sino por su capacidad de reducir la violencia respetando la legalidad y el debido proceso.
Tampoco se trata de asumir una posición ingenua frente a la delincuencia. La prevención no significa tolerancia, ni el respeto de los derechos fundamentales supone renunciar al uso legítimo de la fuerza.
Instituciones sólidas y prevención del delito
Una Policía profesional, equipada y respaldada por inteligencia e investigación criminal es indispensable. También lo son un Ministerio Público capaz de conducir investigaciones sólidas, un Poder Judicial oportuno e independiente, un sistema penitenciario que impida que las cárceles funcionen como centros de dirección del delito y mecanismos eficaces de lucha contra la corrupción.
Pero la seguridad no se construye solamente después de cometido el delito. Exige presencia estatal sostenida en los territorios, recuperación de espacios públicos, iluminación, mantenimiento urbano y atención temprana de las conductas que deterioran la convivencia.
La prevención situacional —incluida la recuperación de entornos abandonados— debe complementarse con políticas sociales, oportunidades para los jóvenes, trabajo con las escuelas y participación vecinal.
Los gobiernos locales cumplen un papel decisivo: conocen el territorio y pueden articular servicios, comunidad y Policía, aunque no sustituyen las responsabilidades de las instituciones nacionales
Autoridad y derechos: una política de seguridad democrática
El desafío no consiste en escoger entre autoridad y derechos, ni entre prevención y sanción. Consiste en articularlas dentro de una política criminal coherente, basada en evidencia, con objetivos verificables, controles institucionales y evaluación permanente.
La firmeza debe dirigirse contra quienes delinquen y no convertirse en licencia para actuar al margen de la ley.
Un Estado democrático demuestra su fortaleza cuando puede enfrentar a las organizaciones criminales sin reproducir sus métodos; cuando investiga y sanciona con rigor, pero también protege al inocente; cuando recupera las calles sin abandonar a los barrios vulnerables.
La verdadera autoridad no se mide por cuánto poder concentra, sino por la capacidad de garantizar seguridad sometiéndose a la Constitución. Combatir el delito sin sacrificar la libertad no es una consigna, es el estándar que distingue a una política de seguridad democrática.
