El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado ordenó siete días de detención judicial contra los dirigentes de Construcción Civil de Arequipa, Luque Espinoza Valcárcel y Juan Miguel Chicata Orihuela, quienes son investigados por el presunto delito de exigencia extorsiva en agravio de la empresa APM Contratistas Generales S.A.C., encargada de la construcción de la nueva sede del Poder Judicial en Arequipa.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado dictó siete días de detención judicial contra los dirigentes de Construcción Civil, Luque Espinoza Valcárcel y Juan Miguel Chicata Orihuela. Los investigados son procesados por el presunto delito de exigencia extorsiva en agravio de la empresa encargada de la nueva sede del Poder Judicial en Arequipa. La medida responde a hechos de violencia y paralización de obras registrados desde el mes de junio bajo actos de intimidación al personal. Durante este periodo, la Fiscalía realizará peritajes y análisis de registros audiovisuales para esclarecer la responsabilidad de los detenidos.
- La detención se sustenta en el artículo 200-A del Código Penal, que sanciona la paralización de obras mediante violencia con penas de 9 a 12 años.
- Se investigan daños materiales al cerco perimétrico y cámaras de seguridad ocurridos durante las protestas del 6 de julio.
- La fiscalía cuenta con audios donde se condicionaba la continuidad de la obra a la reincorporación de trabajadores despedidos.
- El magistrado Eddy Leva Cascamayta determinó que la intervención se realizó dentro del plazo legal de flagrancia delictiva.
La medida fue dispuesta por el juez Eddy Leva Cascamayta, quien consideró que el Ministerio Público requiere un plazo adicional para desarrollar diligencias urgentes destinadas a esclarecer los hechos y recopilar elementos de convicción tanto de cargo como de descargo.
La medida fue requerida por el Ministerio Público dentro de un proceso por flagrancia delictiva, luego de que ambos fueran intervenidos por efectivos policiales tras los hechos de violencia protagonizados por integrantes de un gremio de construcción civil en el cerco perimétrico de la obra ubicada, en el sector de Semi Rural Pachacútec.
De acuerdo con la resolución judicial, la investigación no se limita a los daños ocasionados durante las protestas del 6 de julio, cuando fueron destruidas parte del cerco perimétrico y dos cámaras de videovigilancia de la obra ubicada en Semi Rural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado.
También comprende una serie de hechos registrados desde junio que, según la Fiscalía, guardarían relación entre sí.
Juez considera antecedentes ocurridos durante las protestas
Entre los antecedentes valorados por el juzgado figuran diversas actas de constatación policial que señalan que trabajadores sindicalizados habrían impedido el ingreso del personal a la obra mediante actos intimidatorios, afectando el desarrollo normal del proyecto de infraestructura.
Asimismo, el magistrado tomó en consideración conversaciones telefónicas sostenidas entre representantes de la empresa contratista y dirigentes del sindicato, en las que el principal reclamo habría sido la reincorporación de tres trabajadores despedidos el mes pasado tras acumular tres días consecutivos de inasistencias injustificadas.
Según la resolución, durante esos diálogos los dirigentes y otros representantes sindicales manifestaban que la obra podría “trabajar en paz” una vez que los trabajadores despedidos fueran repuestos, aspecto que forma parte de la investigación fiscal.
El juez también sustentó su decisión en el artículo 200-A del Código Penal, incorporado en febrero de 2026, que tipifica el delito de exigencia o requerimiento extorsivo.
Esta figura penal sanciona a quienes, mediante violencia o amenazas, bloquean vías, toman locales, paralizan obras o impiden el libre tránsito con la finalidad de obtener beneficios económicos u otra ventaja indebida. La pena prevista para este delito oscila entre 9 y 12 años de prisión.
Fiscalía analizará videos, audios y otras evidencias
Durante los siete días de detención, la Fiscalía de Arequipa realizará diversas diligencias, entre ellas un peritaje antropométrico para identificar a las personas que aparecen en registros audiovisuales, el análisis de 10 videos, la transcripción de dos audios y otras actuaciones consideradas necesarias para el esclarecimiento del caso.
Respecto a la intervención de los dirigentes, el juez concluyó que la detención se produjo dentro del plazo legal de flagrancia, al haberse ejecutado dentro de las 24 horas posteriores a los hechos investigados.
Concluido el periodo de detención judicial, el Ministerio Público deberá evaluar los elementos de convicción obtenidos y decidir si solicita una medida coercitiva de mayor duración o dispone la libertad de los investigados.
