La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos solicitó ocho años de prisión efectiva para el general (r) PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, al considerarlos presuntos responsables de los delitos de lesiones graves y lesiones leves, ocurridos durante las movilizaciones ciudadanas registradas el 12 de diciembre de 2022.
La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos solicitó ocho años de prisión efectiva para el general (r) PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang por presuntas lesiones durante las protestas de diciembre de 2022. La acusación se fundamenta en las heridas sufridas por los ciudadanos Renato Murillo y Benedicto Huaccachi producto del impacto de proyectiles lacrimógenos. Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público requiere la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de reparaciones civiles. El proceso judicial se encuentra actualmente en la etapa de control de acusación, previa al inicio del juicio oral.
- La fiscalía investiga lesiones graves y leves causadas por proyectiles policiales a dos ciudadanos durante las movilizaciones de 2022.
- Además de Zanabria y Chang, se han solicitado penas de entre dos y siete años para otros cinco efectivos de la Policía Nacional.
- Una de las víctimas permaneció en coma durante doce días debido al impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza.
- El general Zanabria cuenta con un antecedente de acusación fiscal de 35 años de prisión por el presunto homicidio calificado de Víctor Santisteban.
La acusación fue presentada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, a cargo de la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, en el marco de las investigaciones por presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas sociales desarrolladas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, ambos oficiales son investigados por las lesiones sufridas por Renato Murillo y Benedicto Huaccachi, por lo que además se ha solicitado una inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.
Acusan lesiones por impacto de proyectiles policiales
Según la tesis fiscal, Renato Murillo recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, lo que le provocó graves lesiones y lo mantuvo en estado de coma durante doce días. En tanto, Benedicto Huaccachi habría resultado herido tras recibir el impacto de un proyectil similar a la altura de la pelvis.
Por estos hechos también fueron acusados otros efectivos policiales. La Fiscalía solicitó siete años de prisión efectiva para el teniente PNP Luis Bazán, señalado como autor directo de las lesiones contra Murillo.
Asimismo, pidió seis años de cárcel para el mayor PNP Luis Ávila y el comandante PNP Jorge Celadita.
En relación con las lesiones leves sufridas por Huaccachi, el Ministerio Público requirió tres años de prisión para el suboficial de tercera PNP Dino Tarrillo. Además, bajo la figura de comisión por omisión, solicitó dos años de prisión para el suboficial de primera Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari.
La Fiscalía también planteó para este grupo de agentes una inhabilitación por tres años y ocho meses para el ejercicio de funciones públicas.
Caso se encuentra en etapa intermedia
Respecto a Víctor Zanabria y Frank Chang, la acusación fiscal contempla además el pago de una reparación civil de S/ 6,000 para cada uno de los agraviados, así como el desembolso de S/ 30,000 por parte del tercero civil responsable.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de control de acusación, fase previa al eventual inicio de un juicio oral, donde la Fiscalía deberá sustentar las imputaciones formuladas contra los acusados.
Antecedente: caso Víctor Santisteban
La Fiscalía recordó que en octubre de 2025 también presentó una acusación contra el general PNP Víctor Zanabria por el caso de Víctor Santisteban, fallecido durante las protestas registradas en Lima el 28 de enero de 2023.
En ese expediente, el Ministerio Público solicitó 35 años de prisión efectiva por el presunto delito de homicidio calificado, en una investigación vinculada a las intervenciones policiales durante las manifestaciones sociales desarrolladas en el país.
Con estas acciones, el Subsistema Especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo busca determinar responsabilidades penales y garantizar la reparación de las víctimas de los hechos ocurridos durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
