El apoderado de APM Contratistas Generales, Darío Zambrano, denunció nuevos actos de presunto hostigamiento y reglaje contra trabajadores que participan en la construcción de la nueva sede del Poder Judicial en el distrito de Cerro Colorado, obra que se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos impulsada por el Gobierno Regional de Arequipa.
El apoderado de APM Contratistas Generales, Darío Zambrano, denunció presuntos actos de hostigamiento y reglaje contra los obreros que construyen la nueva sede del Poder Judicial en Cerro Colorado. Según la empresa, estas acciones vinculadas al sindicato de Construcción Civil han generado pérdidas económicas de aproximadamente 180 mil soles por paralizaciones. Por su parte, el dirigente gremial Lugue Espinoza rechazó las acusaciones y solicitó pruebas que sustenten las denuncias de marcaje a los trabajadores. El conflicto se origina por la demanda del sindicato de priorizar la contratación de mano de obra local en los proyectos de la región Arequipa.
- La empresa contratista reportó que las paralizaciones acumuladas entre marzo y junio afectaron el cronograma y la economía del proyecto.
- Se denunció que un grupo de manifestantes realizó actos de vigilancia y hostigamiento en las viviendas donde se alojan los 89 obreros de la obra.
- El sindicato de Construcción Civil sostiene que los beneficios laborales de los proyectos locales deberían ser mayoritariamente para trabajadores arequipeños.
- La obra de la sede judicial se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos con el impulso del Gobierno Regional de Arequipa.
Según el representante de la empresa, los hechos estarían relacionados con integrantes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA), quienes mantienen una disputa por la participación de trabajadores afiliados al gremio dentro del proyecto.
La denuncia se suma a otra presentada semanas atrás por el presunto delito de coacción, investigación que derivó en la detención de cuatro personas.
Empresa denuncia pérdidas económicas por paralizaciones
Zambrano explicó que los conflictos comenzaron en marzo de este año, cuando se produjeron las primeras protestas en la obra. De acuerdo con su versión, el sindicato exige una mayor cuota de participación laboral dentro del proyecto, situación que ha generado constantes interrupciones en los trabajos.
Precisó que la obra fue paralizada durante un día en marzo, cuatro días en abril y más de cinco días entre mayo y junio, ocasionando pérdidas económicas que alcanzarían aproximadamente los 180 mil soles.
Asimismo, denunció que los actos de presión se han intensificado en los últimos días. Según indicó, el lunes un grupo de manifestantes permaneció en el acceso principal impidiendo el ingreso de los trabajadores, mientras que el martes se distribuyeron en los distintos accesos del proyecto.
“El día miércoles han ido a las casas donde se alojan los trabajadores para hostigarlos y hacerles marcaje y reglaje. La Policía ya tiene conocimiento de estos hechos”, afirmó el representante de la empresa.
Actualmente, el proyecto emplea a 89 obreros, quienes, según la contratista, vienen siendo afectados por las protestas y restricciones de ingreso.
Construcción Civil exige pruebas y defiende protesta
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza, rechazó las acusaciones y pidió que se presenten pruebas que sustenten los presuntos actos de reglaje denunciados por la empresa.
El dirigente sostuvo que la principal demanda del gremio es que las obras ejecutadas en Arequipa beneficien prioritariamente a trabajadores de la región.
“Si se hace un proyecto en Arequipa, por lo menos la mayor cantidad de beneficios debería ser para los trabajadores arequipeños. Hoy en día los más beneficiados son trabajadores que vienen de otras ciudades”, manifestó.
No obstante, Espinoza reconoció que no existe una norma legal que obligue a las empresas a contratar una determinada cuota de mano de obra local. Sin embargo, consideró que ello debería formar parte de una decisión política y de responsabilidad social por parte de las autoridades y empresas ejecutoras.
