La Fiscalía Suprema decidió archivar la investigación por el presunto delito de encubrimiento personal relacionado con el prófugo Vladimir Cerrón Rojas, caso que involucraba al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, al exdirector de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, además de congresistas, funcionarios y otros ciudadanos denunciados por el parlamentario Edwin Martínez.
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De acuerdo con la disposición fiscal, tras la realización de diversas diligencias, no se encontraron elementos de convicción suficientes que permitan superar la sospecha inicial y, por tanto, no existen fundamentos para formalizar ni continuar una investigación preparatoria.
La resolución precisa que “pese a las diligencias actuadas por la fiscalía no se hallaron elementos de convicción suficientes que superen la sospecha inicial simple”, por lo que el Ministerio Público concluyó que la denuncia no reúne las características necesarias para continuar con el proceso penal.
Asimismo, el documento señala que, en aplicación del artículo 334.1 del Código Procesal Penal y del principio de objetividad, corresponde archivar el caso al no existir datos objetivos que indiquen la probabilidad de la comisión del delito de encubrimiento personal.
Fiscalía descarta formalizar investigación contra autoridades y congresistas
La disposición fiscal establece que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra los congresistas Américo Gonza Castillo, Jaime Quito Sarmiento, María Agüero Gutiérrez, Kelly Portalatino Ávalos, Janet Rivas Chacara y Waldemar Cerrón Rojas.
Así como contra los ciudadanos Enrique Vílchez Vílchez, Richard Rojas García, Ana María Córdova Capucho, Carina Palacios Quincho, Víctor Zanabria Angulo, Rohel Sánchez Sánchez y Carlos Zanabria Angulo.
Todos ellos fueron investigados por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal, en agravio del Estado, debido a una denuncia que sostenía la existencia de una supuesta red de protección al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La Fiscalía Suprema concluyó que no existen elementos suficientes que permitan sostener una imputación penal ni avanzar hacia una etapa formal de investigación, por lo que dispuso el archivo de todos los actuados.
La denuncia fue presentada por el congresista Edwin Martínez
El origen de este caso se remonta al 4 de septiembre de 2024, cuando el congresista Edwin Martínez presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación acompañada de dispositivos USB que contenían fotografías, documentos y otros archivos que, según sostuvo, demostrarían un presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón en Arequipa.
A raíz de esta denuncia, la entonces titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, dispuso el 10 de febrero de 2025 el inicio de una investigación preliminar contra diversas autoridades y funcionarios..
Sin embargo, tras varios meses de investigación y recopilación de información, la Fiscalía Suprema determinó que las pruebas presentadas no permitían sustentar la comisión del delito denunciado, por lo que decidió cerrar el caso y archivar definitivamente la investigación.
