El Ministerio Público en Tacna enfrenta serias restricciones presupuestales que están afectando el avance de diversos procesos. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Fiscales, Walter Goyzueta, quien advirtió que los recursos actuales no alcanzan para responder al volumen de casos en la región.
El presidente de la Junta de Fiscales de Tacna, Walter Goyzueta, advirtió sobre el riesgo de colapso de la institución debido a la falta de presupuesto y personal especializado. La entidad enfrenta la renuncia de psicólogos y la carencia de digitadores, lo que retrasa la atención en casos críticos como denuncias por violencia y presuntos votos golondrinos. Asimismo, la falta de peritos propios y el estancamiento del Laboratorio de Criminalística obligan a depender de recursos de Lima o del financiamiento de los ciudadanos. Ante este panorama, se ha solicitado apoyo a las autoridades regionales para evitar que la administración de justicia pierda efectividad.
- Déficit de personal especializado y de apoyo retrasa la atención de casos urgentes de violencia y procesos electorales.
- Falta de presupuesto impide costear peritajes complejos, obligando a derivar investigaciones a la capital.
- Modernización del Laboratorio de Criminalística permanece estancada, limitando el acceso a tecnología para análisis de pruebas.
- La fiscalía advierte la inviabilidad de procesar más de 1,300 denuncias por votos golondrinos sin recursos adicionales.
- Se ha formalizado un pedido de apoyo a las autoridades locales para mejorar infraestructura y equipamiento institucional.
Tacna: escasez de recursos, personal y tecnología pone en riesgo casos clave
Según explicó, esta situación no solo se traduce en problemas operativos, sino que debilita la capacidad de enfrentar delitos que afectan a la ciudadanía. En esa línea, precisó que la institución ha perdido personal especializado, ya que varios psicólogos renunciaron, dejando sin cobertura a sectores alejados, mientras que tampoco se renovaron contratos en el área de derechos humanos.
La falta de trabajadores de apoyo agrava aún más el panorama. Goyzueta señaló que no hay digitadores suficientes, lo que retrasa la atención en casos urgentes, especialmente en situaciones de violencia, donde se requiere actuar con rapidez. El fiscal remarcó que no cuentan con presupuesto, y advirtió que sería inviable asumir más de 1,300 denuncias por presuntos “votos golondrinos” si estas se formalizan.
En relación a los casos más complejos, indicó que los costos de peritajes, como los de lavado de activos, resultan demasiado elevados para la institución. Al no disponer de peritos propios, deben recurrir a Lima, lo que genera demoras prolongadas. Incluso, en algunos escenarios, los ciudadanos terminan cubriendo estos gastos o los procesos se sostienen solo con testimonios, lo que debilita las acusaciones.
A esto se suma el retraso en la modernización del Laboratorio de Criminalística, cuyo proyecto permanece estancado a nivel regional. Goyzueta advirtió que la falta de tecnología obliga a enviar pruebas a otras ciudades, lo que retrasa resultados clave para los casos.
Ante esta problemática, se ha solicitado el apoyo de autoridades locales y regionales para impulsar mejoras en infraestructura y equipamiento. De no atenderse esta situación, se advierte que la administración de justicia podría volverse más lenta y menos efectiva, afectando incluso casos de gran relevancia.
