El presidente de El Salvador, Nayib Bukele respondió a las críticas de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre el sistema penitenciario salvadoreño con una propuesta inusual: trasladar al “100%” de los reclusos a Colombia.
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A través de un mensaje publicado en la red social X, Bukele planteó que su gobierno está dispuesto a facilitar el traslado de todos los detenidos, incluidos los llamados “presos políticos”, siempre que la medida se aplique en su totalidad.
Según indicó, si realmente se considera que existen “campos de concentración”, como afirmó Petro, no debería quedar “ni un solo detenido” en el país.
Una respuesta directa a las críticas
La propuesta surge luego de que Petro calificara las cárceles de El Salvador como espacios donde se vulneran derechos humanos, señalando que incluso habría personas inocentes detenidas. Además, cuestionó la efectividad de las políticas de encarcelamiento masivo para reducir la violencia.
En respuesta, Bukele defendió su postura y aseguró que su planteamiento busca poner a prueba la coherencia de estas críticas. Incluso recordó que ya había hecho una propuesta similar a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, tras cuestionamientos previos al sistema carcelario salvadoreño.
El contexto del sistema penitenciario
El Salvador se mantiene bajo un régimen de excepción desde 2022, como parte de su estrategia para combatir a las pandillas. Esta medida ha permitido la detención de más de 90 mil personas, aunque el propio gobierno ha reconocido que miles de ellas serían inocentes.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos han reportado miles de denuncias por presuntas violaciones, así como cientos de muertes bajo custodia estatal, lo que ha generado preocupación a nivel internacional.
La propuesta de Bukele no solo intensifica el cruce de declaraciones entre ambos mandatarios, sino que también reabre el debate sobre los límites de las políticas de seguridad y el respeto a los derechos humanos en la región.
Por ahora, no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno colombiano. Sin embargo, el intercambio deja en evidencia las diferencias entre ambos enfoques frente a la seguridad y la justicia en América Latina.
