Por: Sandra Bellido Urquizo
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¿Y Ahora Qué?... Mientras jovencitos como Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes y tantos otros niños del Ande o la Amazonía no tienen ni para pagar un pasaje de transporte, en Lima, en un edificio con aire acondicionado y asesores por doquier, los congresistas de la República van a recibir este diciembre más de 45 mil soles entre sueldo, bonos, aguinaldos y beneficios.
Esa es la gran injusticia que marca nuestro país: una distancia brutal entre los poderes del Estado y las necesidades urgentes de la población que dicen representar.
Una brecha que el Congreso agranda cada día
A esta brecha se suma otra decisión igual de cuestionable: la creación del nuevo Senado y la Cámara de Diputados, un sistema bicameral que, lejos de fortalecer la institucionalidad, corre el riesgo de convertirse en una nueva fábrica de empleos para congresistas, excandidatos y “amigos” del poder.
El regreso de la bicameralidad no se está construyendo sobre un debate técnico, sino sobre un apetito político: más espacios, más cuota, más recursos. La promesa de mejorar la calidad legislativa parece un mero adorno retórico frente a lo que realmente ocurrirá: más burocracia privilegiada y más gasto para un país exhausto.
No solo implicará que decenas de nuevos legisladores ingresen a la planilla estatal, sino que también aumentará el presupuesto del Congreso a más de 1,800 millones de soles, en un país donde los hospitales no tienen medicinas, los médicos trabajan con sueldos retrasados y miles de escuelas funcionan con techos de calamina que no resisten ni una lluvia.
Esa contradicción es la mejor radiografía del Perú: un Estado grande donde no importa el servicio, sino quién se sirve de él.
Resulta inevitable preguntarse: ¿qué prioridades tiene realmente el Congreso? Porque mientras el país entero enfrenta brechas sociales que se ensanchan, en el Parlamento las decisiones parecen orientadas no a mejorar la vida de los peruanos, sino a blindar intereses particulares, asegurar espacios de poder y garantizar privilegios.
Se utiliza la institucionalidad como escudo y el reglamento como arma. Y cuando algún sector político se convierte en “enemigo”, el Congreso lo avasalla sin pudor, confundiendo control político con vendetta.
Miles de peruanos viven contando monedas
Mientras miles de peruanos hacen malabares para vivir con 40 soles al día —contando monedas para comer, trasladarse o medicarse—, el Congreso insiste en operar como una élite desconectada, donde los sacrificios solo los hace la gente común.
Ellos se reparten beneficios; al pueblo le reparten pobreza.
Ellos amplían oficinas; el Estado cierra postas.
Ellos se asignan bonos; los agricultores siguen esperando carreteras.
Perú vive atrapado en un círculo en el que la política se ha convertido en un mecanismo de ascenso personal y no en un servicio público. Y cada vez que un niño no puede ir al colegio por falta de dinero, cada vez que una posta médica no atiende por falta de personal, cada vez que una región queda aislada por la caída de un puente, se evidencia que el problema no es la falta de recursos: el problema es cómo se usan, quién los decide y a quién sirven realmente.
El país no necesita más curules, más asesores ni más gasto parlamentario. Necesita liderazgo, empatía y decisiones que prioricen a los millones que luchan día a día por sobrevivir. Necesita políticos que recuerden que el poder es un encargo temporal, no un botín.
No se trata de envidia social. Se trata de justicia social. Se trata de recordar que los representantes del pueblo no están por encima del pueblo.
De recordar que los millones que se destinan a privilegios, despilfarro y corrupción le restan posibilidades a esos niños de tener educación digna, salud o simplemente una vida menos injusta. Se trata de exigir un país donde las decisiones reflejen humanidad, no intereses calculados.
Hoy, mientras los congresistas reciben más de 45 mil soles, Cliver y miles de niños siguen caminando. Siguen soñando. Siguen resistiendo. Pero no deberían resistir solos. Porque la verdadera grandeza de un país no se mide por los ingresos de sus políticos, sino por las oportunidades que ofrece a sus niños.
