El Poder Judicial ha dictado una medida de impedimento de salida del país por un período de 10 meses contra la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La decisión fue tomada por el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien aceptó la solicitud realizada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
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Betssy Chávez: investigación por presunta complicidad en el golpe de Estado
Betssy Chávez es investigada por presuntamente haber sido cómplice del intento de golpe de Estado, hecho que ocurrió el 7 de diciembre de 2022. En ese contexto, la Fiscalía la imputa por el presunto delito de rebelión, acusándola de haber coordinado con Aníbal Torres y algunos medios de comunicación para la transmisión del mensaje a la Nación de Pedro Castillo, ese día. Según las declaraciones de los periodistas Cintya Malpartida y Antonio Pantoja Ochoa, Chávez facilitó su ingreso a Palacio de Gobierno, sin que los responsables administrativos tuvieran conocimiento, y afirmó que su presencia en el lugar era para una entrevista.
El fiscal Edward Casaverde Trujillo también fundamentó la solicitud de impedimento en el posible peligro de fuga, recordando que, según su tesis, la excongresista habría intentado dirigirse a la embajada de México para eludir la justicia el mismo día del intento de golpe. Además, el fiscal solicitó el registro de geolocalización del vehículo que movilizó a Chávez, como parte de las pruebas que sustentan su acusación.
Defensa legal refuerza argumentos en favor de Chávez
El abogado defensor, César Romero Valdés, respondió a las acusaciones señalando que la documentación presentada por la Fiscalía no debía ser tomada en cuenta, ya que pertenece a la investigación preparatoria y no es parte del juicio oral. Además, Romero sostuvo que los testimonios de los testigos presentaron contradicciones y que no recordaban con precisión las rutas tomadas el 7 de diciembre de 2022.
En cuanto al recorrido realizado por Chávez ese día, la defensa defendió la validez del argumento de la geolocalización y enfatizó que no existió peligro de fuga. Finalmente, el abogado anunció que aceptarán la decisión judicial de no apelar el fallo dictado por el juez Campos.
