¿Y Ahora Qué? | La crisis generada por el cierre del puente en la Variante de Uchumayo no es solo un problema de tránsito en Arequipa. Es, en realidad, una radiografía del estado de la infraestructura vial en Perú. Un país que aspira a crecer, pero que sigue moviéndose sobre carreteras frágiles, mal mantenidas y muchas veces improvisadas.
El colapso estructural del puente en la Variante de Uchumayo ha evidenciado la fragilidad de la infraestructura vial en el sur del Perú y a nivel nacional. Esta crisis, que paralizó el tránsito en Arequipa, refleja una brecha de inversión en transporte que supera los 100 mil millones de dólares. Actualmente, menos del 20 % de la red vial nacional está pavimentada, lo que sitúa al país en una posición vulnerable frente a estándares regionales. La situación subraya la deficiente gestión de las concesionarias y la urgencia de una planificación estatal que priorice el mantenimiento preventivo sobre las reacciones de emergencia.
- El cierre del puente de Uchumayo en Arequipa afectó gravemente el flujo logístico hacia puertos, zonas mineras y la Panamericana Sur.
- Perú registra una brecha en infraestructura de transporte superior a los 100 mil millones de dólares, afectando la competitividad nacional.
- Menos del 20 % de los 174 mil kilómetros de la red vial peruana cuenta con pavimentación, limitando la conectividad efectiva del territorio.
- El país se ubica en el décimo lugar en calidad vial dentro de Latinoamérica, superado por vecinos como Chile, Uruguay, Brasil y Colombia.
- Se critica la gestión de concesionarias como Covisur y la burocracia estatal que posterga mantenimientos críticos y paraliza proyectos de inversión.
Durante horas miles de ciudadanos quedaron atrapados en un caos vehicular tras el cierre del puente por daños estructurales detectados en la losa. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se vio obligado a intervenir y anunciar soluciones de emergencia, como la instalación de puentes modulares temporales.
Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿Cómo es posible que uno de los accesos más importantes de la segunda ciudad del país termine colapsando?.
No estamos hablando de un camino rural perdido en la sierra. Hablamos de una arteria clave para el ingreso y salida de una ciudad de más de un millón de habitantes, que además conecta con corredores logísticos hacia puertos del sur, zonas mineras y la Panamericana Sur. Y sin embargo, bastó una falla estructural para paralizar una parte significativa del tránsito regional.
La empresa concesionaria Covisur solo se dedica a cobrar el peaje de miles de vehículos que transitan por la zona, pero no se preocupa en el mantenimiento de la red vial ni en invertir en la construcción de nuevas vías.
Una brecha histórica en infraestructura
Sin embargo, lo ocurrido en la Variante de Uchumayo no es un accidente aislado. Es parte de un patrón. Perú arrastra desde hace décadas una enorme brecha en infraestructura de transporte.
Diversos estudios del Foro Económico Mundial y organismos regionales ubican al país alrededor del décimo lugar en América Latina en calidad de infraestructura vial. Es decir, en la mitad baja del ranking regional.
Por delante aparecen países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia o México, que han apostado durante décadas por planes sostenidos de inversión, concesiones y mantenimiento. Perú, en cambio, ha hecho lo contrario: construir tarde, mantener poco y reaccionar solo cuando ocurre la emergencia.
El país tiene una red vial de aproximadamente 174 mil kilómetros. En teoría suena impresionante. En la práctica, el dato es engañoso, porque menos del 20 % de esas vías está pavimentado.
El resto corresponde a caminos afirmados, trochas o rutas con mantenimiento deficiente. Esto significa que gran parte de la conectividad nacional depende de carreteras vulnerables al desgaste, las lluvias o simplemente al paso constante de vehículos pesados.
Especialistas en infraestructura estiman que el Perú enfrenta una brecha superior a los 100 mil millones de dólares en infraestructura de transporte y logística.
Cerrar esa brecha requeriría planes de inversión sostenidos durante décadas. Pero la política peruana suele moverse con horizontes mucho más cortos: el siguiente gobierno, el siguiente presupuesto o la siguiente crisis.
Mientras tanto, las obras se paralizan, los proyectos se judicializan y los mantenimientos se postergan.
El costo de no planificar
La comparación con Chile es inevitable. Ese país implementó en los años noventa un sistema agresivo de concesiones viales que permitió construir autopistas modernas, con mantenimiento permanente y estándares internacionales.
El resultado es visible: autopistas urbanas, corredores logísticos eficientes y carreteras capaces de soportar el crecimiento económico.
Perú, en cambio, sigue atrapado entre licitaciones demoradas, sobrecostos, corrupción y una burocracia que muchas veces convierte cada proyecto en una carrera de obstáculos.
Lo sucedido en la Variante de Uchumayo debería encender todas las alarmas. No solo por el colapso de un puente, sino por lo que simboliza. El problema no es solo técnico. Es político. Porque mientras el país discute ideologías, peleas parlamentarias o escándalos coyunturales, la infraestructura sigue deteriorándose.
Y cuando finalmente falla, como ocurrió en Uchumayo, el costo lo pagan los ciudadanos: horas perdidas, transporte encarecido, mercancías retrasadas y ciudades paralizadas.
