¿Y Ahora Qué?| Inseguridad sin freno. La delincuencia en el Perú no da tregua. Pese a que el gobierno de José Jerí continúa ampliando los estados de emergencia en diversas provincias del país, la sensación de inseguridad crece día a día entre los ciudadanos.
El incremento de la criminalidad en el Perú persiste a pesar de la constante prórroga de los estados de emergencia, lo que genera una creciente percepción de inseguridad ciudadana. La ineficacia de los operativos policiales reactivos se ve agravada por la porosidad de las fronteras, permitiendo que delincuentes extranjeros reingresen al país sin mayores controles. Regiones del sur, como Arequipa, han comenzado a registrar incidentes delictivos de mayor violencia, evidenciando una migración del crimen hacia ciudades anteriormente pacíficas. Finalmente, el reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre la responsabilidad penal de menores de 16 y 17 años ha generado alarma por el posible uso de adolescentes en organizaciones criminales.
- Los estados de emergencia son cuestionados por ser medidas repetitivas que no logran reducir los índices de asaltos, extorsiones y asesinatos.
- La debilidad en el control fronterizo facilita el ingreso de bandas criminales internacionales y el retorno de delincuentes previamente expulsados.
- Se reporta un aumento de la inseguridad en ciudades del sur como Arequipa, con ataques a parroquias y viviendas mediante el uso de armas de fuego.
- Un fallo del Tribunal Constitucional establece que menores de 16 y 17 años no sean procesados como adultos, lo cual es visto como un riesgo para el combate del sicariato.
- La percepción ciudadana refleja una desconfianza hacia la capacidad de la Policía Nacional frente a una delincuencia que actúa con creciente impunidad.
Lejos de mostrar resultados contundentes, estas medidas excepcionales parecen haberse convertido en una respuesta automática, repetitiva y poco eficaz frente a un problema que ya desbordó a las autoridades.
Todos los días, la Policía Nacional del Perú anuncia a través de sus distintas divisiones la captura de peligrosos delincuentes, presuntos cabecillas de bandas o integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, la realidad en las calles contradice los comunicados oficiales.
Asaltos, extorsiones y asesinatos se registran a diario en Lima y en las principales ciudades del país. La pregunta es inevitable: si se captura tanto, ¿por qué la delincuencia no disminuye?
Inseguridad ciudadana: estados de emergencia sin resultados
La respuesta parece clara: la estrategia del Gobierno y de la Policía Nacional no está funcionando. Los operativos son reactivos, desarticulan momentáneamente a algunas bandas, pero no atacan el fondo del problema. Un ejemplo reciente lo evidencia con crudeza.
En el distrito de San Juan de Lurigancho, las autoridades intervinieron a un grupo numeroso de ciudadanos extranjeros, entre los cuales se encontraba una persona que había sido expulsada del país en octubre del año pasado. La interrogante es alarmante: ¿Qué hacía nuevamente en el Perú? ¿Cómo logró reingresar sin ningún control?
No es difícil encontrar la respuesta. Las fronteras del país están virtualmente abandonadas. El control migratorio es débil, poroso y fácilmente vulnerable. Cualquiera puede ingresar al territorio nacional sin mayores obstáculos, lo que convierte al Perú en un espacio atractivo para delincuentes que huyen de la justicia en otros países.
Mientras tanto, naciones vecinas comienzan a reaccionar. El gobierno ecuatoriano, por ejemplo, ha iniciado una dura contraofensiva contra las mafias criminales que azotan su territorio, especialmente en zonas estratégicas como el puerto de Guayaquil. El riesgo es evidente: muchos de esos delincuentes buscarán refugio en el Perú, donde el control es menor y la respuesta del Estado resulta lenta e ineficaz.
Un Estado que llega tarde
Pero el problema no se limita a Lima. Mientras la Policía concentra sus esfuerzos en la capital, los delincuentes han migrado hacia ciudades que hasta hace pocos años eran consideradas tranquilas. Arequipa es un claro ejemplo. En apenas una semana, delincuentes ingresaron a una parroquia en el distrito de Cayma y se llevaron equipos de sonido.
En Miraflores, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon indiscriminadamente contra la vivienda de un ciudadano y luego difundieron un video amenazando con asesinar a la víctima. Hechos que antes parecían impensables hoy se repiten con preocupante normalidad.
Frente a este escenario, la pregunta vuelve a imponerse: ¿Qué está haciendo la Policía Nacional? La percepción ciudadana es contundente: muy poco. Porque, lejos de retroceder, la delincuencia parece multiplicarse, expandirse y actuar con mayor impunidad.
A esta grave situación se suma una decisión que ha encendido la polémica y la indignación: el fallo del Tribunal Constitucional, que determinó que los adolescentes de 16 y 17 años no deben ser procesados como adultos. Esta resolución, lejos de fortalecer la lucha contra el crimen, envía un mensaje peligroso y perverso a las organizaciones criminales: utilicen menores de edad para sicariato, extorsión o asesinatos, porque no enfrentarán penas reales.
La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, ha señalado que el Estado debe enfocarse en la prevención y en rescatar a estos menores de las redes delictivas. Sin embargo, en un país donde las políticas sociales son débiles, la presencia del Estado es mínima en los barrios más vulnerables y la corrupción campea, ese discurso suena, para muchos, como un saludo a la bandera.
La realidad es dura y evidente. Estos adolescentes seguirán actuando como adultos, empuñando armas, asesinando por encargo y cobrando por cada crimen, pero cuando sean detenidos exigirán ser tratados como menores, eludiendo su responsabilidad penal. La decisión del Tribunal Constitucional no protege a la sociedad ni a las víctimas; protege a las mafias.
Lejos de ayudar, este fallo abre aún más la puerta a la criminalidad, consolidando un sistema en el que el crimen se adapta más rápido que el Estado. Mientras tanto, los ciudadanos viven con miedo, las víctimas quedan en el olvido y el mensaje que se transmite es devastador: en el Perú, el delincuente siempre va un paso adelante.
