Por: Sandra Bellido Urquizo
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¿Y Ahora Qué?… El reciente viaje del presidente interino José Jerí Oré a la localidad de Tumbes volvió a poner sobre la mesa una realidad largamente vista de reojo: las fronteras del Perú están abandonadas.
No solo persisten graves falencias en el control migratorio, sino que la ausencia de inversión sostenida en infraestructura ha dejado a miles de peruanos sin servicios básicos esenciales como salud, educación o vías de transporte adecuadas.
La precariedad en estas zonas no es nueva, pero hoy contrasta con mayor fuerza cuando se las compara con ciudades fronterizas de países vecinos que sí han ejecutado políticas de desarrollo territorial de largo plazo.
El caso de Tumbes es evidente. Localidades contiguas como Aguas Verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador) muestran diferencias notorias que cualquier viajero puede percibir.
Abandono histórico en todas las fronteras: Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia
Mientras Ecuador impulsó, durante el gobierno de Rafael Correa, una política activa de desarrollo fronterizo que se tradujo en mejor infraestructura vial y obras públicas en general (incluida la construcción de un muro paralelo al canal fronterizo, paralizado luego por protestas del Perú), el lado peruano continúa rezagado.
Algo similar ocurre en la frontera con Colombia. La situación de poblados remotos como la isla Santa Rosa o Chinería puso en evidencia el abandono estatal, al punto que el propio presidente colombiano Gustavo Petro lo señaló públicamente en medio de las tensiones diplomáticas por la propiedad de estos territorios. Allí, el Estado peruano ha brillado por su ausencia.
La realidad no cambia al mirar hacia la extensa frontera con Brasil. En Ucayali, la provincia de Purús alberga un poblado, también llamado Santa Rosa, habitado mayoritariamente por comunidades indígenas y accesible únicamente por vía fluvial. Sus habitantes, cansados del abandono, han llegado a expresar su deseo de pertenecer a Brasil, país al que cruzan con frecuencia para acceder a servicios de salud y educación.
Hasta hace poco, escenas similares se vivían en Madre de Dios, donde los vecinos de Iñapari dependían de los servicios públicos del poblado brasileño de Asís. Aunque la inauguración de la Interoceánica y del puente sobre el río Acre, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Luiz Inácio Lula da Silva, mejoró la conectividad, la infraestructura local sigue siendo limitada.
En el caso de la frontera con Bolivia, la situación es semejante en ambos lados. Aunque el lado peruano del Desaguadero presenta un ligero mejoramiento respecto al boliviano, lo cierto es que la zona continúa desatendida.
Esta debilidad estructural ha permitido que venezolanos sin documentos, rechazados en el control migratorio tacneño de Santa Rosa, ingresen al país por pasos no habilitados con total facilidad.
Tacna representa la gran excepción
Tacna representa la gran excepción. A diferencia de otras regiones fronterizas, la ciudad se ha negado a quedar rezagada frente a Arica. Su infraestructura, servicios y dinamismo económico atraen a miles de chilenos diariamente.
Pero este desarrollo no fue obra espontánea del Estado, sino resultado de décadas de lucha de los propios tacneños, quienes impulsaron la creación de la Zona Franca para formalizar el comercio y generar recursos que luego financiaron obras públicas e inversiones privadas.
Hoy, frente al incremento de migrantes venezolanos irregulares que buscan ingresar al país, el presidente José Jerí ha solicitado al Congreso una reforma constitucional que permita a los empresarios invertir más allá del límite de 50 kilómetros desde la línea fronteriza. No es una propuesta nueva: algunos sectores la han planteado antes, pero siempre encontró resistencia en organizaciones patrióticas.
La fragilidad de nuestras fronteras no es solo un problema geográfico, sino un reflejo de la manera en que el país se ha venido construyendo. Mientras no asumamos que la presencia del Estado debe empezar por los territorios más alejados (y no terminar en ellos), seguiremos permitiendo que miles de peruanos encuentren dignidad en países vecinos y no en el suyo.
El verdadero desafío está en entender que defender la patria no empieza en los discursos, sino en garantizar que quienes viven en sus límites tengan razones para seguir llamándola hogar.
