Por: Sandra Bellido Urquizo
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¿Y Ahora Qué?… El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue implementado en 2017 con el objetivo de reemplazar el antiguo “Registro de Saneamiento Minero” y promover la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal en el Perú.
Desde entonces, el REINFO ha sido ampliado en cuatro ocasiones por distintos gobiernos. La más reciente prórroga fue aprobada por el actual gobierno, extendiendo su vigencia hasta diciembre de 2025.
Sin embargo, los resultados son decepcionantes: de los más de 84 mil mineros inscritos, poco más del 2 % ha logrado completar el proceso de formalización. Actualmente, existen cerca de 31 mil registros activos, mientras que el resto ha sido suspendido o excluido del sistema.
Las causas son múltiples: desde la falta de compromiso de los propios mineros, hasta obstáculos técnicos y jurídicos que el Estado no ha sabido resolver.
Pese al escaso avance en la formalización, algunos grupos de mineros informales han recurrido nuevamente a huelgas y bloqueos de carreteras, afectando los derechos de millones de peruanos y generando cuantiosas pérdidas económicas.
A su plataforma de lucha sumaron el pedido de aprobación de la controvertida Ley MAPE, que busca reemplazar al REINFO por mecanismos más “modernos” como el RENAPMA y el SIPMMA.
Si bien la propuesta pretende simplificar el proceso de formalización, esconde serios riesgos para el país:
• Desprotección ambiental: se reducen los controles, permitiendo incluso declaraciones juradas en lugar de estudios técnicos.
• Legitimación de mineros ilegales: al registrarlos automáticamente, se les otorga protección penal y acceso a beneficios estatales.
• Afectación a concesionarios formales: se obliga a permitir el paso de informales, lo que representa una forma de expropiación indirecta.
• Permiso para minería en zonas prohibidas: autoriza operaciones en ríos y áreas naturales protegidas, contraviniendo fallos constitucionales.
• Amenaza a comunidades indígenas: facilita la ocupación de sus territorios, generando presión legal y conflictos sociales.
¿Chantaje minero?: la minería artesanal verdadera tiene bajo impacto ambiental
Los promotores de estas protestas se autodenominan “mineros artesanales”, pero en la práctica no lo son. La minería artesanal verdadera tiene bajo impacto ambiental, se realiza con herramientas simples y en pequeña escala. En cambio, la minería informal:
• Opera fuera del marco legal.
• No tiene supervisión estatal ni controles ambientales o laborales.
• Utiliza maquinaria pesada como retroexcavadoras y volquetes.
• No tributa adecuadamente ni garantiza derechos a los trabajadores.
Al igual que la minería ilegal, está frecuentemente asociada a crimen organizado, corrupción, trata de personas, extorsión y destrucción ambiental.
Ojalá que las conversaciones iniciadas entre los representantes de los mineros y las autoridades no terminen, como tantas veces, en concesiones forzadas por la presión del caos.
El país no puede seguir tolerando que cada conflicto se resuelva con chantajes disfrazados de protestas. Bloquear carreteras, paralizar regiones enteras y provocar desabastecimiento no puede seguir siendo la forma de negociar con el Estado.
El Perú necesita una transición real hacia una minería formal, limpia y responsable, que respete la ley, proteja el medio ambiente y contribuya al desarrollo de todos los peruanos
