Por: Sandra Bellido Urquizo
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¿Y Ahora Qué?.. El Proyecto de Ley 13280, presentado por el Ejecutivo bajo el argumento de fortalecer la seguridad ciudadana, esconde un punto sumamente peligroso: la creación de un delito que castigaría la “revelación de información reservada” relacionada con investigaciones y operativos.
Lo que se presenta como una medida técnica contra el crimen organizado puede convertirse, en la práctica, en un instrumento de censura, un mecanismo para silenciar filtraciones incómodas y un golpe directo a la libertad de prensa en el país.
Proteger la reserva de ciertas investigaciones puede sonar razonable. Sin embargo, en la práctica peruana (marcada por la corrupción, la opacidad institucional y la presión política sobre operadores del sistema de justicia), esta propuesta tiene un potencial devastador sobre derechos fundamentales, especialmente la libertad de prensa, el acceso a la información y la fiscalización ciudadana.
¿Y ahora qué?: Un concepto ambiguo convertido en delito
La reserva existe para evitar que una investigación se caiga, que un operativo se frustre o que la vida de un agente se ponga en riesgo. Nadie discute eso. Pero lo que plantea el Ejecutivo no es solo proteger casos activos: es convertir en delito la difusión de cualquier información considerada “reservada”, sin detallar con precisión qué significa, quién la define o bajo qué criterios se mantiene clasificada.
Esa falta de claridad puede abrir una puerta para abusos: podría interpretarse de forma amplia y penalizarse la difusión que no necesariamente ponga en peligro investigaciones, sino que simplemente es incómoda para ciertos poderes.
Y eso es muy fácil en un país donde la etiqueta de “reservado” se ha usado reiteradamente para ocultar compras irregulares, contratos lesivos al Estado, reuniones clandestinas o nexos entre funcionarios y redes criminales, esta ambigüedad es peligrosa.
La pregunta central es: ¿Quién controla a quienes deciden qué es “reservado”? Sin esa respuesta, estamos frente a una herramienta que, en malas manos, podría convertirse en un blindaje legal para la impunidad.
Un golpe silencioso a la prensa y a los denunciantes
Si esta norma hubiese existido años atrás, muchos de los reportajes que hoy conocemos simplemente nunca habrían visto la luz: aportes a campañas, contratos militares, chats filtrados, decisiones fiscales controvertidas, vínculos entre políticos y empresarios.
La intención oficial será evitar filtraciones irresponsables, pero la consecuencia real será otra: poner una espada de Damocles sobre la prensa de investigación.
Si se aprueba esta figura penal, las consecuencias no serán llamativas; serán silenciosas:
- funcionarios que hoy denuncian irregularidades dejarán de hacerlo por miedo a la cárcel,
- policías, fiscales o técnicos que comparten información clave para evitar encubrimientos se verán paralizados,
- los periodistas tendrán que elegir entre publicar o exponerse a un proceso penal, incluso si lo revelado es de evidente interés público.
La inseguridad es un problema real y el Estado necesita herramientas más sólidas para enfrentarlo. Pero combatir el crimen organizado no puede convertirse en pretexto para restringir libertades civiles, ni para legislar sin controles democráticos en materia penal.
El Congreso tiene la responsabilidad de revisar esta facultad con lupa. Si el Ejecutivo insiste en incorporar un nuevo delito, debe hacerlo mediante una ley debatida públicamente, pero conociendo el actuar del Congreso es más seguro que aprueben ese proyecto.
No olvidemos que aún no deroga la ley pro crimen 32108, que en uno de los puntos exige que el abogado defensor esté presente durante los allanamientos. Ya estamos advertidos.
