Por: Sandra Bellido Urquizo
¿Y Ahora Qué?… El Gobierno de Dina Boluarte ha encendido el debate nacional e internacional tras anunciar la conformación de un equipo multisectorial que evaluará la viabilidad del retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El anuncio coloca al país en una encrucijada y lo aproxima a los pasos de Venezuela y Trinidad y Tobago, que abandonaron la Corte en años anteriores, y de Nicaragua, que en 2023 decidió desconocer la competencia de la CIDH y la Corte IDH.
La creación de este grupo de trabajo, confirmado por el canciller Elmer Schialer, forma parte del proyecto de ley de soberanía nacional impulsado por la presidenta Boluarte. Según el Ejecutivo, el análisis será “rápido y riguroso” e incluirá la participación de ministerios, sociedad civil y academia.
El argumento central del Gobierno es que los organismos interamericanos, como la CIDH y la Corte IDH, ejercen una supuesta “intromisión” en las políticas nacionales, lo que vulneraría la independencia y la soberanía del Estado peruano.
Para que el Perú abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos es necesario denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, ante la OEA.
Desde ese momento, debe transcurrir un año antes de que el retiro sea efectivo. Además, según la Constitución peruana, el proceso requeriría ratificación del Congreso y la aplicación de los procedimientos internos correspondientes.
Sin embargo, la salida no es solo un trámite legal: marcaría un cambio profundo en la protección de los derechos humanos en el país y limitaría los mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a posibles abusos del Estado.
El Perú se sumó al sistema interamericano en 1977, al ratificar el Pacto de San José, y en 1981 reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH, aceptando que sus sentencias sean obligatorias. Desde entonces, cualquier ciudadano peruano que considere que se han vulnerado sus derechos y no encuentre justicia en el sistema nacional puede acudir a la Corte IDH.
Corte han sido clave para la defensa de los derechos humanos en el Perú.
A lo largo de las últimas décadas, las decisiones de la Corte han sido clave para la defensa de los derechos humanos en el Perú. Algunos de los casos más relevantes son:
1. Caso Barrios Altos vs. Perú (2001). En 1991, el grupo Colina, un escuadrón paramilitar vinculado al Ejército, asesinó a 15 personas, incluidos niños, en una fiesta del barrio Barrios Altos, en Lima. La Corte declaró inaplicables las leyes de amnistía que protegían a los responsables. Gracias a esta sentencia, se reabrieron procesos contra militares y funcionarios implicados.
2. Caso Tribunal Constitucional vs. Perú (2001). En 1997, el Congreso controlado por el fujimorismo destituyó de forma arbitraria a tres magistrados del Tribunal Constitucional por oponerse a la segunda reelección de Alberto Fujimori. La Corte ordenó la restitución de los magistrados y reafirmó los principios de independencia judicial y debido proceso.
3. Caso Comunidad Nativa Tres Islas vs. Perú (2012). La comunidad Shipibo y Ese’Eja de Tres Islas (Madre de Dios) denunció la invasión de mineros ilegales y la contaminación ambiental en sus territorios. La Corte obligó al Estado a reconocer la propiedad comunal y garantizar la protección del territorio indígena.
Estos fallos demuestran que la Corte ha jugado un papel crucial no solo en casos de violencia política, sino también en la defensa de la independencia judicial y los derechos de los pueblos indígenas.
El posible retiro del Perú marcaría un giro similar, alejando al país de los mecanismos internacionales que durante más de cuatro décadas han servido como último recurso de justicia para sus ciudadanos.
La discusión recién empieza, pero sus consecuencias podrían definir el futuro de los derechos humanos en el Perú.
