El delito de trata de personas mantiene una tendencia preocupante en Juliaca. El fiscal especializado, Paulo Deza Medina, informó que hasta mayo de 2025 existen 50 investigaciones activas, lo que representa un incremento de 15 casos respecto al mismo periodo del año anterior.
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Minería ilegal y comercio informal agravan el problema
De acuerdo con el representante del Ministerio Público, la región de Puno continúa siendo utilizada como zona de origen y tránsito de víctimas de trata. Esta situación se ve favorecida por la proliferación de actividades informales y establecimientos clandestinos donde persisten casos de explotación sexual y laboral.
El fiscal señaló que ciudades como Juliaca, La Rinconada y Mazocruz concentran gran parte de esta problemática debido al crecimiento desordenado de bares y cantinas sin autorización.
Asimismo, Deza Medina explicó que la minería ilegal se ha convertido en uno de los principales factores que alimentan este delito. Según indicó, alrededor de estas actividades se generan “círculos delictuales” vinculados también al tráfico de drogas y al crimen organizado, mientras las acciones del Estado siguen siendo insuficientes para frenar el avance de estas redes.
La Fiscalía advirtió además que la explotación sexual es la modalidad más visible en la región, aunque los casos de explotación laboral muchas veces pasan inadvertidos por la normalización de condiciones precarias de trabajo y la falta de denuncias.
Falta de logística dificulta operativos en zonas críticas
El representante del Ministerio Público cuestionó la disminución de operativos en los últimos meses y sostuvo que las campañas electorales desviaron la atención de varias autoridades. También afirmó que la falta de vehículos y recursos limita las intervenciones conjuntas con la Policía Nacional en sectores considerados de alto riesgo.
“La proyección al cierre del año podría superar los 100 casos”, alertó el fiscal, al referirse al crecimiento sostenido de las investigaciones por trata de personas en la región.
Frente a este escenario, la Fiscalía viene coordinando acciones con municipalidades, instituciones públicas y organizaciones civiles para fortalecer una respuesta conjunta contra este delito en toda la región puneña.
