El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aclaró que la revisión de los recursos de reconsideración presentados por mineros artesanales excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no implica su reincorporación automática, ni representa un retroceso en el proceso de formalización minera en el país. Cada solicitud será evaluada de forma individual, bajo criterios técnicos y dentro del marco legal vigente.
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Durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, el titular del sector, Jorge Montero, remarcó que todos los ciudadanos tienen derecho a presentar un recurso de reconsideración; sin embargo, esto no garantiza su retorno al registro.
Según el ministro, la evaluación de estos pedidos será estricta y deberá sustentarse con documentación y pruebas contundentes que demuestren la correcta actuación del solicitante en el proceso de formalización.
El funcionario subrayó que quienes no puedan probar su cumplimiento con los requisitos establecidos serán desestimados de forma definitiva. “No basta con presentar un recurso, hay que demostrar fehacientemente que se cumplió con la normativa”, enfatizó Montero.
Estas solicitudes se procesan conforme al artículo 18° de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que reconoce el derecho de todo ciudadano a solicitar la revisión de una decisión administrativa. El Minem reiteró que está actuando en cumplimiento de la ley y respetando el debido proceso.
Reinfo: Mineros pueden presentar reconsideración hasta el 21 de julio
En el caso del Reinfo, los mineros excluidos tuvieron un plazo de 15 días para presentar su reconsideración, el cual vence el 21 de julio. Las solicitudes son evaluadas por la Dirección General de Formalización Minera y el plazo de respuesta es de 30 días hábiles a partir de su presentación.
Finalmente, el Minem insistió en que el trámite de estas reconsideraciones no flexibiliza las decisiones ya adoptadas, ni implica un giro en la política de formalización minera. Se trata, recalcó Montero, de respetar los mecanismos legales que garantizan transparencia y equidad en la administración pública.
