La presentación del informe anual 2025-2026 de Amnistía Internacional, realizada en Arequipa, expuso un panorama preocupante sobre la situación de los derechos humanos en el país.
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El documento advierte un deterioro de las libertades civiles, ataques contra periodistas y obstáculos en el acceso a la justicia, en un contexto marcado por la crisis política y el avance de prácticas autoritarias.
Durante la conferencia, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Jennie Dador Tozzini, señaló que el informe busca llamar la atención sobre “el cierre del espacio cívico” y las restricciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, la protesta pacífica y la defensa de derechos humanos.
Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de la prensa peruana. Según el documento, durante 2025 fueron asesinados los periodistas Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, mientras que la Asociación Nacional de Periodistas registró más de 450 ataques contra hombres y mujeres de prensa a nivel nacional.
Investigación estancada y protestas bajo cuestionamiento
El informe también cuestiona la falta de avances en las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte.
A más de tres años de los hechos, las investigaciones continúan en etapa fiscal y todavía no existen responsables sentenciados.
Desde Amnistía Internacional se señaló que existen abundantes pruebas audiovisuales y testimonios sobre lo ocurrido durante las manifestaciones, pero que los constantes cambios dentro del Ministerio Público y la desactivación de equipos especializados han retrasado el proceso judicial.
También se expresó preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante nuevas protestas registradas en 2025. Entre los casos mencionados figura la muerte del artista Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido como “Truco”, quien falleció tras recibir un disparo durante una movilización en Lima.
Alertan restricciones y debilitamiento institucional
Otro aspecto abordado fue la aprobación de normas que, según la organización, limitan el trabajo de colectivos y asociaciones civiles. Entre ellas se encuentra la modificatoria de la Ley APCI, que amplía el control estatal sobre organizaciones que reciben cooperación internacional.
Para Amnistía Internacional, estas medidas generan riesgos para la libertad de asociación y podrían afectar el acompañamiento legal a víctimas de violaciones de derechos humanos.
El informe también advierte sobre el debilitamiento de instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, además de alertar sobre prácticas autoritarias dentro de un sistema que formalmente continúa siendo democrático.
“Estamos frente a una alerta sobre situaciones que deben revertirse para evitar que el país pierda más libertades y garantías”, sostuvo Dador.
Finalmente, la organización señaló que el informe busca servir como una alerta ciudadana frente al contexto político y electoral que atraviesa el país. Además, remarcó la importancia de que la población conozca sus derechos para poder exigirlos y defenderlos frente a posibles vulneraciones.
