José Belaunde
Reino Unido y la castración química. Ante la crisis de sobrepoblación carcelaria, la Secretaria de Justicia británica, Shabana Mahmood, anunció este martes en la Cámara de los Comunes un plan para imponer la castración química obligatoria a delincuentes sexuales peligrosos en Inglaterra y Gales, como parte de una reforma penitenciaria que también reduciría a la mitad las condenas de asesinos y violadores
La medida, planeada inicialmente para los reclusos de 20 prisiones, busca reducir la reincidencia mediante fármacos supresores de la libido, incluso sin el consentimiento del reo. Mahmood argumentó que esto es «una herramienta necesaria para proteger a la sociedad», aunque admitió que revisará los protocolos médicos heredados que exigían autorización previa.
Actualmente, el Reino Unido atraviesa una fuerte crisis carcelaria, con casi 90.000 internos y un déficit proyectado de 9.500 plazas para 2028. Como parte de la solución, el gobierno planea construir tres nuevas prisiones y acelerar la liberación de otros delincuentes peligrosos tras cumplir el 50% de sus penas.
La castración química consiste en la administración de medicamentos supresores de la libido, un procedimiento reversible que ha sido utilizado en otros países para controlar los impulsos sexuales de ciertos delincuentes.
Controversia ética en el Reino Unido
Forenses, psiquiatras y asociaciones médicas denunciaron que ignorar la voluntad y consentimiento del recluso viola los derechos humanos, “Es un precedente peligroso medicalizar el castigo», advirtió el Colegio de Psiquiatras del Reino Unido.
Por otro lado, las familias de las víctimas por delitos sexuales y grupos de activismo social protestaron en contra de esta medida, calificando las reducciones de condena como «impunidad disfrazada» y que la castración no garantiza que los perpetradores no reincidan.
Según un informe presentado por el ex Secretario de Justicia, la castración química «puede ayudar en el tratamiento de los delincuentes sexuales adecuados, tanto en prisión como en la comunidad». Además, el 21% de los adultos que estaban cumpliendo penas de prisión inmediatas habían sido condenados por delitos sexuales.
El gobierno británico ha defendido la iniciativa como una solución pragmática frente a la crisis penitenciaria y la necesidad de reforzar la seguridad pública. No obstante, el debate continúa en torno a los alcances y consecuencias de esta reforma en el sistema judicial del país.
