Un análisis detallado de las declaraciones juradas del equipo ministerial encabezado por el primer ministro Luis Galarreta puso al descubierto que la gran mayoría de sus integrantes registra un extenso historial de investigaciones fiscales y procesos judiciales. Las anotaciones oficiales van desde presuntos delitos contra la administración pública —como corrupción, lavado de activos y abuso de autoridad— hasta ilícitos por falsedad, lesiones e incluso hurto.
Un análisis de las declaraciones juradas del equipo ministerial liderado por Luis Galarreta reveló que quince de sus integrantes registran investigaciones fiscales y procesos judiciales. Los expedientes incluyen presuntos delitos de corrupción, lavado de activos, organización criminal y peculado, entre otros ilícitos contra la administración pública. Destacan casos como el de Vladimir Huaroc con cincuenta y un investigaciones y Juan Carlos Requejo con diez antecedentes por diversas figuras legales. Otros ministros que reportan procesos vigentes pertenecen a las carteras de Interior, Justicia, Educación, Salud y Desarrollo Agrario.
- El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, mantiene pesquisas activas por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal.
- El titular del Ambiente, Vladimir Huaroc, registra el mayor número de incidencias con un total de cincuenta y un investigaciones por colusión, peculado y otros delitos.
- Diversos ministros, incluidos los de Justicia, Educación y Producción, consignan expedientes por colusión agravada, asociación ilícita y negociación incompatible.
Delitos de función y procesos abiertos en la cúpula del Ejecutivo
El propio jefe del Gabinete, Luis Galarreta, consigna en su declaración dos pesquisas vigentes por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal, a las que se suman antecedentes archivados por fraude electoral y nombramiento ilegal. En esa misma línea, el titular del Interior, César Astudillo, afronta una investigación activa por peculado, además de registrar antecedentes por lesiones graves; mientras que el ministro de Justicia, Alberto Beingolea, mantiene expedientes abiertos por colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.
En la lista también figuran el canciller Carlos Espá, investigado por cohecho, y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, quien declaró una condena por lesiones culposas junto con antecedentes de estafa y falsedad ideológica. Por su parte, el ministro Rafael Belaunde optó por no precisar los delitos atribuidos en su declaración; sin embargo, alegó en su defensa que una de las indagaciones surgió por una falla del BBVA, entidad que —según su testimonio— terminó pidiéndole disculpas al comprobarse que él fue la víctima tras la falsificación de su firma.
El sector Educación está a cargo de José Chang, quien reportó ocho investigaciones que van desde usurpación de funciones y lavado de activos hasta asociación ilícita. De forma similar, el ministro de Salud, Luis Dyer, incluyó pesquisas por falsificación y falsedad en declaraciones, mientras que el titular de la Producción, Juan Carlos Requejo, acumula 10 antecedentes enfocados en abuso de autoridad, negociación incompatible, cohecho y lavado de activos.
Uno de los expedientes más abultados lo ostenta el ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, quien admitió un total de 51 investigaciones por figuras como colusión, peculado, desobediencia, depredación de áreas agrícolas y hurto. A este panorama se añaden los reportes del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con 20 investigaciones omitiendo la tipificación; Marco Vineli (Desarrollo Agrario), con 10 expedientes por corrupción de funcionarios y concusión; Juan Sheput (Trabajo), investigado por tráfico de influencias y colusión; y Rafael Rey (Transportes), con un registro por delitos contra la fe pública.
