Por: Milagros Corrales
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El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de San Román – Juliaca emitió una sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión suspendida contra Javier Robinson Machaca A. y María Magdalena Cahui F., tras encontrarlos responsables del delito de contaminación ambiental en la modalidad de tráfico ilegal de residuos peligrosos.
El fallo, impulsado por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, también ordena el pago de S/ 10,000 de reparación civil a favor del Estado peruano.
El caso: diez toneladas de baterías en desuso sin autorización
De acuerdo con la investigación fiscal, el 25 de marzo de 2021, ambos sentenciados fueron intervenidos en el puesto de control de Aduanas Ojherani, en la región Puno, mientras transportaban diez toneladas de celdas eléctricas de baterías en desuso, las cuales contenían plomo y ácidos altamente contaminantes.
El cargamento había partido desde el distrito de Desaguadero (Chucuito) con destino a Juliaca (San Román), sin contar con las autorizaciones requeridas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Graves omisiones en el traslado de materiales tóxicos
La fiscalía determinó que los acusados infringieron las disposiciones establecidas en la Ley N.º 28256, que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos, así como su reglamento aprobado mediante el D.S. N.º 021-2008-MTC.
Según la acusación, los sentenciados no adoptaron las medidas de seguridad y protección ambiental necesarias, exponiendo tanto a la población como al ecosistema de la zona a un alto riesgo de contaminación.
Ambos se encuentran actualmente bajo control judicial, y deberán cumplir con las condiciones impuestas durante el periodo de prueba de la pena suspendida.
Esta sentencia marca un precedente importante en la lucha contra los delitos ambientales en la región altiplánica, reafirmando la responsabilidad penal de quienes vulneren las normas de protección ecológica.
