Bolivia atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más delicadas de los últimos años. Las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz escalaron en intensidad en La Paz, donde manifestantes protagonizaron enfrentamientos con fuerzas de seguridad, ataques a instituciones públicas, saqueos y daños a la infraestructura estatal en medio de un escenario marcado por la crisis económica y el descontento ciudadano.
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La tensión aumentó con la llegada a la capital boliviana de una movilización de seguidores del expresidente Evo Morales, quienes caminaron durante seis días hasta La Paz para sumarse a otras protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y juntas vecinales de El Alto.
Los manifestantes cercaron calles cercanas a la plaza Murillo, sede del Gobierno y del Parlamento, mientras lanzaban piedras, petardos y dinamita contra agentes antimotines, quienes respondieron con gases lacrimógenos.
Bloqueos, enfrentamientos y daños en La Paz
Durante la jornada también se reportaron ataques contra el Tribunal Departamental de Justicia, destrozos en estaciones del sistema Mi Teleférico, la quema de un vehículo policial y saqueos a negocios privados. La empresa estatal suspendió temporalmente algunas líneas debido a los daños ocasionados.
La crisis ya mantiene al departamento de La Paz parcialmente aislado por bloqueos de carreteras que se extienden desde hace más de dos semanas y afectan el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible.
Según reportes oficiales, la situación dejó al menos cuatro fallecidos, decenas de detenidos y pérdidas económicas que superarían los 50 millones de dólares diarios.
Crisis económica y tensión política
El conflicto ocurre apenas seis meses después del inicio del gobierno de Rodrigo Paz. Entre los factores que impulsan las movilizaciones aparecen la escasez de dólares, el incremento del costo de vida, la inflación y las reformas económicas planteadas por el Ejecutivo, entre ellas proyectos relacionados con hidrocarburos, minería y empresas estatales.
El Gobierno responsabilizó al expresidente Evo Morales de incentivar las protestas en un intento de retornar al poder.
Mientras tanto, la Fiscalía boliviana emitió una orden de aprehensión contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, acusado de delitos como instigación pública a delinquir y terrorismo por los bloqueos que dificultan el tránsito de alimentos y ayuda médica.
Las movilizaciones también despertaron preocupación internacional. Ocho países latinoamericanos expresaron respaldo a la institucionalidad democrática boliviana y pidieron priorizar el diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto.
Analistas políticos consideran que la crisis actual no responde únicamente a disputas políticas, sino también al deterioro económico acumulado durante los últimos años. Bolivia enfrenta inflación, escasez de combustible y una desaceleración económica que ha incrementado el malestar social.
Mientras continúan las protestas y los bloqueos, el Gobierno intenta mantener corredores humanitarios para garantizar el ingreso de suministros a La Paz. Sin embargo, la situación permanece abierta y la presión social sobre la administración de Rodrigo Paz continúa creciendo.
