El pasado 19 de agosto se notificó a los investigados que la Procuraduría será parte en el proceso y que por el presunto daño causado al estado en el caso de policías albañiles, Víctor Zanabria y otros oficiales deben pagar una reparación civil del 20,000 soles.
Carlos Herrera
La procuraduría General del Estado, se hizo parte en la investigación que realiza el Ministerio Público contra el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo, y otros oficiales.
Estos permitieron en 2020 el cambio de funciones de un grupo de efectivos para que dejen de realizar patrullaje a pie y trabajen como albañiles en una obra en la sede de la región policial Arequipa.
Además, se les acusa de haber intentado que la Policía pague 17 mil 600 soles por la obra, cuando esta se ejecutó con donaciones. Al parecer, se iban adueñar del dinero.
De acuerdo a la solicitud presentada por el Procurador Anticorrupción, Mario Luna Ramos, al encontrarse el caso de Zanabria Angulo en “etapa de investigación preparatoria y habiéndose declarado la complejidad de la investigación debemos indicar que aún no resulta posible plantear un monto de reparación civil definitivo».
«Por lo que la estimación valorativa que se plantea a continuación constituye un cálculo preliminar el cual podrá ser modificado en la etapa intermedia. En ese sentido, proponemos como monto inicial S/ 20 mil, más los intereses legales desde la fecha de producción del daño”.
El requerimiento de la Procuraduría, fue notificado a los abogados de los investigados, el pasado 19 de agosto por la jueza de investigación preparatoria, Janett Lastra.
Zanabria y otros oficiales investigados
Además del comandante general de la policía, Víctor Zanabria Angulo, en el caso de policías albañiles, también se investiga a Francis Alarcón Gallegos (exjefe de Secretaría de la IX MACREPOL).
También Luis Cancela Roggero (exjefe de la Unidad de Administración de la MACREPOL), Claudia del Castillo (exjefe de Patrullaje a Pie) y Rolando Rodríguez Bilbao (exoperador Logístico de la Región Policial Arequipa).
A todos se les imputa que en 2020, en plena pandemia de la Covid-19, habrían direccionado la ejecución de la obra de “cambio o vaciado de piso del patio de armas, mejoramiento o remodelación del cenotafio, astas de bandera y enchapado de piedra laja” de la sede de la Región Policial Arequipa, ubicada en el distrito de Yanahuara, al obrero Claver Colquehuanca Quispe.
Asimismo, se ordenó, sin documento alguno, el cambio de funciones de un grupo de policías para que dejen de realizar patrullaje a pie y trabajen como albañiles.
Según la tesis fiscal, por orden de Zanabria Angulo, 15 efectivos dejaron el patrullaje a pie y se dedicaron a trabajar en las obras junto al albañil Claver Colquehuanca. Asimismo, para cobrar sin problemas, en los registros policiales, estos efectivos seguían trabajando, pero en “inteligencia operativa”.
Una de las pruebas con las que cuenta la fiscalía en este caso, es la declaración del obrero Colquehuanca, quien señala que le pagaron con un cheque de 17 mil 600 soles, por una deuda de 200 soles que le tenían.
Refirió que Zanabria y sus oficiales, le dijeron que cobre la totalidad del cheque, separe lo que le adeudaban, y el resto entregue a los oficiales cercanos a Zanabria. Colquehuanca no hizo ello y devolvió el cheque notarialmente a la Policía.
Por estos hechos, la fiscalía investiga a Zanabria y los demás oficiales por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, peculado doloso y alternativamente negociación incompatible.
Testigos protegidos en caso Zanabria y policías albañiles
En junio de 2024, el Ministerio Público aceptó que seis testigos en la investigación que se le sigue al Comandante General de la Policía, Víctor Zanabria Angulo, sean protegidos.
En la disposición 09-2024 de la fiscal anticorrupción Mery Bellido Marroquín, se refiere que los solicitantes, darán testimonio sobre lo que realmente habría pasado en 2020, cuando se ejecutó una obra en el patio de la Región Policial Arequipa, en el distrito de Yanahuara.
Sobre las acusaciones, Zanabria dijo a la fiscalía que no cometió ningún abuso de autoridad “al haber desarrollado una obra para el beneficio y bienestar del personal de la Macro Región con participación del propio personal en forma voluntaria, así como aportes de diferentes personas sin ningún interés, porque estas no eran deducibles de impuestos”.
