El Poder Judicial dispuso que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituya a Delia Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación en un plazo no mayor de dos días. La medida fue emitida por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que determinó que la JNJ no cumplió adecuadamente la resolución judicial anterior que ordenaba su reposición y la suspensión total del proceso disciplinario que motivó su separación.
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El juez advierte incumplimiento de la orden judicial
En la resolución firmada por el juez Juan Torres Tasso, se precisa que todos los cargos del proceso disciplinario contra Espinoza derivan de la resolución 231-2025-JNJ, cuya ejecución ya había sido suspendida. Por tanto, el magistrado enfatiza que la JNJ debía suspender la totalidad de los cargos y no solo algunos, como pretendía interpretar la institución.
“Se ordena a la entidad emplazada, la Junta Nacional de Justicia, que reponga a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación dentro de los dos días siguientes a la notificación de la presente resolución”, indica el documento judicial.
Asimismo, el juez exhortó a la JNJ a cumplir con “los deberes propios a la debida conducta procesal”, recordándole que las resoluciones judiciales “se cumplen sin titubeos ni discusiones”.
Defensa de Espinoza celebra la decisión
El abogado de la magistrada, Luciano López, sostuvo que pedirán una aclaración al juzgado para confirmar que la reposición de su defendida no requiere un oficio de la JNJ, ya que al suspenderse la medida preventiva, Espinoza recupera automáticamente su condición de fiscal suprema y, por ende, de titular del Ministerio Público.
Según explicó López a Canal N, el juez está “poniendo los puntos sobre las íes” al recalcar que la JNJ intentó “sacarle la vuelta” a la orden judicial.
Antecedentes del conflicto con la JNJ
El pasado 22 de octubre, la JNJ —presidida por Gino Ríos Patio— se negó a reincorporar a Espinoza pese al fallo que anulaba su sanción, alegando que no tenía competencia para restituirla como fiscal de la Nación.
La suspensión de Espinoza se basó en cuatro presuntos hechos, entre ellos, no haber repuesto a Patricia Benavides en el cargo, continuar ejerciendo funciones pese a la suspensión, no convocar a la Junta de Fiscales Supremos y haber instigado a personal para impedir su retorno. Sin embargo, el Poder Judicial aclaró que la medida cautelar anulaba todos los efectos de esa resolución.
Incluso, una semana después del desacato, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez dispuso el retiro de los vehículos oficiales asignados a Espinoza, pese a que un informe jurídico recomendaba mantenerlos por razones de seguridad. Dicho informe señalaba que la Fiscalía está obligada a brindar apoyo logístico a las autoridades con protección policial, recordando que la situación de Espinoza constituía una “circunstancia excepcional”.
