El expresidentePedro Castillo, actualmente sentenciado, remitió un oficio al mandatario José Jerí en el que solicita que se disponga una requisa en la celda de Vladimiro Montesinos, exasesor del exdictadorAlberto Fujimori, recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao.
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El documento, elaborado y presentado por su defensa legal, plantea que se inspeccionen los equipos electrónicos —como celulares y laptops— que estarían en poder de Montesinos y que, además, se ordene su traslado al penal de Challapalca para que continúe allí el cumplimiento de su condena, que se extiende hasta septiembre de 2037.
Pedro Castillo: argumentos del pedido
En el oficio, Castillo sostiene que el traslado permitiría evitar gastos innecesarios al Estado. Según se lee en el texto, la medida busca que “se evite despilfarrar dinero público del impuesto de todos los peruanos que debe alimentar a un niño desnutrido, elevar el sueldo de un policía o pagar la bolsa de cemento para un hospital”.
Asimismo, en el documento se señala que, de ejecutarse la requisa y el traslado, el presidente Jerí podría “elevar su concepto público y probar a la nación que es valiente”. Castillo afirmó que su solicitud se formula en “aras de la igualdad que le caracteriza” al actual jefe de Estado.
El pronunciamiento del exmandatario se produce tres días después de que agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervinieran su celda en el penal de Barbadillo. En ese contexto, se habría producido la filtración de imágenes tomadas durante la requisa, mientras cumple una condena en primera instancia por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
Denuncia contra funcionarios del INPE
En paralelo, el 10 de febrero la defensa de Castillo presentó una denuncia contra el director de Seguridad del INPE, Henry García Malpartida, y contra la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Shadia Valdez Tejada.
De acuerdo con el recurso legal, funcionarios del INPE difundieron fotografías captadas el 8 de febrero durante la revisión de la celda del expresidente. Las imágenes, según la denuncia, mostrarían objetos personales y detalles de sus condiciones de reclusión.
La defensa argumenta que, si bien el Estado está facultado para realizar requisas en los establecimientos penitenciarios, la difusión pública de las fotografías carecería de respaldo legal y vulneraría derechos constitucionales vinculados a la privacidad y a la protección de datos personales, además de configurar presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos.
