El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que en Venezuela más de 1.345 personas permanecen detenidas de forma arbitraria, entre ellas niños y adolescentes, en medio de un contexto de represión y vulneración de derechos humanos. Así lo afirmó a La República su vocero, Diego Casanova Maita, quien cuestionó el proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que más de 1.345 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Venezuela, incluyendo a menores de edad bajo condiciones de vulneración de derechos. La organización advirtió que el proceso de excarcelación anunciado por el régimen ha sido parcial, pues solo una fracción de los detenidos ha recuperado su libertad efectiva. Los arrestos se realizan mayoritariamente sin órdenes judiciales y los procesados enfrentan cargos graves como terrorismo sin acceso a una defensa de confianza. Asimismo, se reportan condiciones precarias en los centros penitenciarios, donde los internos padecen hacinamiento y presuntos actos de tortura.
- La ONG Clippve registra más de 1.345 detenidos políticos, denunciando arrestos de menores de edad por motivos arbitrarios.
- Se reporta que solo 90 de los 400 presos anunciados como liberados han recuperado realmente su libertad.
- Existen denuncias de tortura mediante descargas eléctricas y falta de acceso a agua potable o alimentación adecuada en las cárceles.
- Las detenciones se ejecutan sin debido proceso, imponiendo defensores públicos y negando información sobre el paradero de los arrestados.
- Los ciudadanos excarcelados permanecen sujetos a medidas restrictivas que les prohíben salir del país o declarar a la prensa.
Según explicó, de los más de 400 presos políticos que el Gobierno había informado como liberados, solo 90 habrían recuperado realmente su libertad. El resto, indicó, continúa bajo medidas restrictivas o privadas de libertad.
Denuncian arrestos sin orden judicial y falta de debido proceso
Casanova sostuvo que muchas de las detenciones se realizan sin orden judicial ni presencia de fiscales, lo que impediría el acceso a un proceso justo. El representante del Clippve señaló que los detenidos no cuentan con garantías mínimas y que, en la mayoría de los casos, el Estado impone abogados del sistema público, sin permitir defensores de confianza.
Asimismo, advirtió que, conforme al derecho internacional, las autoridades venezolanas podrían estar incurriendo en desapariciones forzadas, al negar información sobre el paradero de los arrestados. Los presos políticos, añadió, enfrentan cargos como terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y otros delitos que calificó de infundados.
Alerta por detención de niños y adolescentes
La ONG informó que al menos cinco menores continúan detenidos, pese al anuncio de un proceso de excarcelación masiva impulsado por el régimen de Delcy Rodríguez. Casanova relató que incluso algunos funcionarios desconocen dónde se encuentran los adolescentes arrestados.
En diálogo con este medio, el vocero contó el caso de un menor que salió de su vivienda para recibir atención médica y, al regresar, fue detenido por un policía que lo habría confundido con un manifestante. “Lo encarcelaron y le impusieron una condena de 10 años”, afirmó.
También denunció que otros 15 adolescentes fueron retenidos temporalmente en el estado Zulia, presuntamente por celebrar la captura de Nicolás Maduro, cuando en realidad —según indicó— “estaban jugando carnaval”. A ello se suma el reporte del abogado penalista y exfiscal venezolano Zair Mundaray, quien informó que 16 menores fueron detenidos el 12 de enero de 2026 por la Policía del Municipio Bolívar.
Condiciones carcelarias y denuncias de tortura
De acuerdo con Casanova, los presos políticos son recluidos en centros penitenciarios hacinados, sin acceso adecuado a agua potable ni a una alimentación balanceada. Además, aseguró que los detenidos sufren torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo descargas eléctricas para forzar autoincriminaciones.
El vocero del Clippve afirmó que instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no responden oportunamente a las denuncias y, en algunos casos, amenazan con represalias contra quienes continúan exponiendo estos hechos.
Cuando Nicolás Maduro anunció la liberación de presos políticos durante la Navidad de 2025, Casanova recordó que se impusieron medidas cautelares estrictas, como la prohibición de salir del país, declarar a la prensa o expresarse en redes sociales, además de la obligación de presentarse ante tribunales cada 30 días. Por ello, advirtió que “la política de terror continúa fuera de las cárceles”, ya que —según afirmó— “son barreras que el Estado pone para que la verdad nunca se conozca”.
